'Menas' desprotegidos a los 18 años

Resulta muy difícil imaginar a unos padres esperando que sus hijos cumplan los 18 años para prepararles las maletas y echarles de casa. Pero algo muy parecido es lo que está ocurriendo con los menores inmigrantes tutelados por la Generalitat, es decir, a cargo de cada uno de nosotros, cuando cumplen la mayoría de edad.

Sin ninguna red de protección ni permiso laboral, esta es la incapacitante situación en la que se encontrarán 1.100 menores inmigrantes tutelados por la Generalitat que van a cumplir la mayoría de edad. Las puertas abiertas para irse de los centros, pero cerradas a cualquier posibilidad de vida digna. Solo quieren trabajar, pero se quedarán aprisionados por las trampas de una ley de extranjería que no ofrece respuestas a la realidad de tantos.

Son jóvenes que arrastran un pasado de dolor y miseria con el que no quisieron conformarse. Después de poner en juego hasta sus vidas, llegaron a nuestras calles en busca de un futuro. Sin duda, son supervivientes, pero no superhéroes. Pedirles que con 18 años se mantengan cuando muchos ni siquiera han logrado regularizar su situación significa enviarles a la invisibilidad. Es decir, a la delincuencia o la explotación.  No solo está en juego su futuro, también el del conjunto de la sociedad.

Si no se diseña una solución política global para estos jóvenes, su situación acabará derivando en un problema de seguridad. Sin duda, una buena noticia para la ultraderecha que encontrará el campo abonado para sembrar su discurso del odio. Por ahora, la mayor parte del esfuerzo para evitar que estos jóvenes malvivan en la calle recae en los ayuntamientos y en las oenegés. Pero los recursos son escasos o inexistentes y, además, no pueden enfrentarse a una ley que no favorece la integración.

Los parches improvisados no van a ofrecer las soluciones globales que el desafío requiere. Solo un plan de ayuda integral desarrollado por todas las administraciones implicadas podrá trabajar por la plena integración de estos jóvenes. Son varios los frentes a cubrir. Desde agilizar su regularización o, al menos, alargar la protección hasta que se resuelva, hasta cubrir sus necesidades mínimas, desarrollar programas de formación y facilitar su inserción laboral. Al fin, estos jóvenes ya forman parte de nuestra sociedad. Su dignidad y su futuro también es el nuestro.