12-F, juicio al 'procés'

El 12 de febrero. Al fin, el Tribunal Supremo (TS) anunció la fecha en la que empezará el juicio a los líderes políticos y sociales del ‘procés’, el proceso  más importante desde la restauración de la democracia en España en 1978. El mismo día en el que el TS anunció la fecha y la lista de  los más de 500 testigos que comparecerán, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Carme Forcadell fueros trasladados a las prisiones de Soto del Real y de Alcalá-Meco. Dada su condición de presos preventivos, estos acusados deberán preparar en prisión su defensa con los abogados. Los otros tres encausados –Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs– se encuentran en libertad.

Este hecho es tan solo uno  de los múltiples aspectos polémicos de un juicio que marcará la política española y catalana. Tras una instrucción muy discutida y discutible por políticos y expertos en derecho en Catalunya, el resto de España y Europa, la demora del TS en marcar la fecha del inicio del juicio ha tenido como consecuencia que los presos hayan sido trasladados a prisiones de Madrid (con el perjuicio que ello supone logísticamente para abogados y familiares) con mucha antelación. Resulta evidente que el TS se está esforzando en ser escrupulosamente garantista –su prestigio interno y externo y por extensión el de la democracia española están en juego–, pero los dimes y diretes alrededor de la fecha o su negativa a permitir observadores internacionales no han sido un buen principio: el tribunal ha dado la imagen de sentirse superado por la magnitud del caso y abrumado por las múltiples ramificaciones que puede tener el juicio tanto durante su desarrollo como, después, con posibles recursos a instancias judiciales europeas.

La larga lista de testigos (desde Mariano Rajoy a Ada Colau) da fe de la transcendencia del juicio. A nivel personal de los encausados, la gravedad de los delitos y de las penas de prisión que acarrean es abrumadora. A nivel colectivo, lo que suceda en la Sala Segunda y el veredicto marcarán las relaciones futuras entra Catalunya y el resto de España. El juicio en sí certifica un enorme fracaso colectivo, la incapacidad de encauzar por medios políticos y en el marco constitucional un pleito, el del encaje de Catalunya en España, que es político, no legal.