Por una DGAIA libre de sombras

Son demasiadas las sombras que sobrevuelan la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). Desde una gestión que parece plagada de irregularidades de su anterior director, Ricard Calvo, a unos problemas crónicos de saturación de centros y servicios que ha derivado en colapso con la llegada de menores extranjeros no acompañados ('mena'). Estamos hablando del cuidado de los niños y niñas más vulnerables, por lo que todas las sombras de irregularidades deben ser investigadas y despejadas, más aún cuando se alega falta de recursos para la digna atención a la infancia.

La gestión de Calvo al frente de la DGAIA, cargo que ocupó desde enero del 2016 hasta agosto del 2018, está o ha sido investigada por un juzgado de Barcelona, la Oficina Antifrau de Catalunya, la Generalitat y la Sindicatura de Comptes. Están bajo sospecha las adjudicaciones de servicios por valor de, al menos, casi seis millones de euros a tres fundaciones en las que él ha estado vinculado. También se han detectado debilidades en el control de las subvenciones, carencias en la comprobación de los servicios a extutelados o la introducción de criterios no previstos o contrarios a las bases de una convocatoria para calcular ayudas.

Son muchos los interrogantes que exigen respuestas. La diputada Beatriz Silva (PSC) ha presentado en el Parlament una batería de preguntas a raíz de las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO y, conjuntamente con Laura Vílchez (Cs), ha solicitado la comparecencia en la Cámara del actual ‘conseller’ de Afers Socials, Chakir el Homrani. La anterior responsable, Dolors Bassa, negó que Calvo (también de ERC) hubiera firmado contratos con entidades afines, pero los expedientes administrativos analizados por este diario lo acreditan.

La atención de los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, debe ser una prioridad absoluta de cualquier sociedad que se quiere respetuosa con los derechos humanos, pero es evidente que estamos fallando. Desde menores que duermen en comisarías hasta jóvenes que, tan pronto cumplen los 18 años, se ven desprotegidos, obligados a salir adelante sin ninguna red de apoyo. La situación se torna especialmente grave si, a la falta de recursos destinados, se añade la sombra de la corrupción. El Govern no puede refugiarse en el silencio.