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Polémica sobre la transparencia

Juicio del 'procés' sin observadores

LEONARD BEARD

Juicio del 'procés' sin observadores

Sonia Andolz

Un Estado democrático puede poner condiciones, pero no temer la presencia de organizaciones internacionales

Las aspiraciones independentistas en Catalunya son uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado España desde la Transición. El cómo se responda a ello marcará el futuro, la estabilidad y la cohesión del Estado. Todos los países se enfrentan a retos y a amenazas internas y externas. Las dictaduras, responden como creen que les conviene, sin más límites que los impuestos por ellas. Las democracias, en cambio, se deben a normas basadas en el respeto a la ley y tienen un margen de maniobra mucho más limitado: la soberanía recae en la población y es esta quien debe seguir confiando en que el Estado garantiza ese respeto a la ley.

España y el reto soberanista

Es precisamente la presunta violación de leyes la que ha llevado a los líderes independentistas ante los tribunales. En breve se iniciará un juicio tremendo, tanto por tamaño como por lo que supone, y que definirá el camino que España tome ante el reto soberanista. En realidad, las cartas están echadas. Son muchas las veces en las que el Gobierno de turno ha recurrido a los tribunales para que solucionen problemas políticos. En el caso catalán, pasó con el Estatut, con leyes como la de pobreza energética y pasa ahora con el cómo decidir la forma de gobierno que se quiere. El mero hecho de llevar ante los tribunales a los líderes políticos y sociales ya define la vía escogida.

Ahora bien, el Gobierno tiene algún margen de actuación. Por un lado, distanciarse de la vergonzosa acusación particular de Vox que pone –al menos visualmente– al mismo nivel a Estado y ultraderecha. Por el otro, el Gobierno puede gestionar las decisiones políticas independientes de la justicia así como la discrecionalidad del Ministerio Fiscal. Es ahí donde, una vez más, desde la Moncloa parecen tomar la vía menos adecuada. Las defensas de los acusados, asociaciones civiles y actores políticos han pedido la presencia de observadores internacionales en los procesos jurídicos. También se pidieron para el 21-D en Catalunya, elecciones convocadas mediante la imposición del 155 y celebradas en un clima de tensión. Y también entonces se denegó la posibilidad de recibir misiones de observación.

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En este caso, la Fiscala General del Estado, María José Segarra, afirma que, dado el alto interés que el juicio provoca y la presencia de innumerables medios, la presencia de observadores permitiría mayor desinformación y manipulación. La decisión y la justificación son totalmente equivocadas aquí. Un Estado democrático y transparente -España aparece entre los 20 mejor valorados según el Índice de Democracias de The Economist- no debe temer jamás la presencia de observadores internacionales. Puede, eso sí, poner condiciones o señalar qué organizaciones le parecen más rigurosas, pero no negarse a toda presencia. Además, justificarlo en base a una posible desinformación futura carece de lógica y coherencia y solo contribuye a reforzar la percepción de que no se está del todo seguro de la independencia judicial de un proceso que nace tocado de parcialidad por muchas partes. Los acusados llevan un año en una criticada y de dudosa legalidad prisión preventiva y lo están bajo unos cargos que, hasta ahora, no cuentan con mucha comprensión entre las democracias aliadas.