Ir a contenido

Análisis

El logotipo de la multinacional tecnológica Google.

REUTERS / CHARLES PLATIAU

Combatir la brecha fiscal con nuevos impuestos

Benjamí Anglès Juanpere

El Gobierno español ha aprobado dos proyectos de ley para establecer dos nuevos impuestos, el impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras, con una recaudación conjunta prevista de más de 2.000 millones de euros.

El primer impuesto o 'Tasa Google' gravará con un 3% los servicios de publicidad, intermediación y venta de datos en línea, cuando intervengan usuarios radicados en España, que sean realizados por empresas con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos en España por tales servicios superen los tres millones de euros. Quedarán fuera las ventas de bienes y servicios contratados en línea cuando el proveedor no actúe como intermediario.

Mientras que el segundo impuesto o 'Tasa Tobin' gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de empresas españolas, con independencia del domicilio de quienes intervengan en la operación, cuando se trate de empresas cotizadas y su valor bursátil supere los 1.000 millones de euros. En este caso, no estarán sujetas las adquisiciones derivadas de la emisión de acciones.

Con esta aprobación, el Gobierno de Pedro Sánchez toma la iniciativa sin esperar las futuras Directivas que puedan venir de la Unión Europea para regular ambos tributos, las cuales no terminan de encontrar el consenso suficiente entre los socios comunitarios. En todo caso, España sigue los pasos de Francia e Italia que ya han aprobado medidas similares.

Ambas propuestas cuentan, lógicamente, con el rechazo frontal de los sujetos directamente afectados, quienes auguran, por una parte, un frenazo en las inversiones y desarrollo del sector digital en nuestro país, y, por otra, una caída en el volumen de contratación de la bolsa española. Precisamente, el hecho de ser una medida unilateral puede empujar a los capitales a buscar plazas más atractivas en el escenario internacional en las que obtener una mayor rentabilidad.

Sin embargo, la interesada parálisis de las instituciones europeas y del comercio mundial permite que una parte de las empresas digitales no paguen impuestos allí donde realizan sus negocios y puedan hacerlo en países con una menor fiscalidad, lo cual, a parte de significar un agravio comparativo con sus competidoras y con el resto de negocios tradicionales, supone un fraude en toda regla al estado del bienestar que entre todos intentamos apuntalar.

Ante los retos de la nueva economía, hacen falta nuevas reglas de juego a nivel internacional que, sin frenar el impulso y expansión de las empresas digitales, permitan un crecimiento y desarrollo social globales con un justo reparto de las cargas tributarias. Tan importante como reducir la brecha digital es también combatir la brecha fiscal a nivel mundial, incluso dentro de la misma Unión Europea, que actualmente tolera la elusión fiscal sin necesidad de acudir a paraísos fiscales.