¿Puede el taxi decir 'la calle es mía'?

En Barcelona y en Madrid la vida ciudadana se ha visto seriamente afectada por la huelga de taxistas. Cortaron la Gran Via y en Madrid boicotearon Fitur. Todo el mundo tiene derecho a la protesta y a la huelga, pero no a la ausencia de servicios mínimos ni a paralizar la vida ciudadana ocupando el espacio público.

Este abuso conculca muchos derechos de mucha gente. ¿Cómo exigir civismo a miles de ciudadanos, cuyo coche es retirado por párking indebido -y forzados a pagar la multa y los costes de la grúa- si los taxis, o los coches de Cabify, ocupan y duerman en medio de la Gran Via o la Diagonal? No puedo ni imaginar la instrucción del Tribunal Supremo si a Oriol Junqueras se le hubiera ocurrido pedir a los republicanos que ocuparan la Via Laietana para proteger a la Generalitat del 155.

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El espacio público es de todos y hay que desterrar definitivamente el matonismo del eslogan "la calle es mía" de Manuel Fraga, en 1976, cuando era ministro del Interior de Arias Navarro.

Competencia frente a equilibrio social

¿Por qué hemos llegado a tanto despropósito? El aumento de la competencia beneficia al ciudadano con un mejor precio y por eso la liberalización de los servicios es impulsada por la UE y los tribunales de la competencia. Correcto, pero cuando la revolución tecnológica tiene efectos disruptivos en la vida económica y social, la competencia no puede ser el único criterio. Los poderes públicos deben proteger también el equilibrio social.

En España, cuando decenas de miles de taxistas que han obtenido una licencia y están sometidos a serios reglamentos, ven amenazada su supervivencia por las nuevas tecnologías, el laissez faire, laisse passer no puede tener la última palabra. Los taxistas no pueden parar la historia, pero tampoco verse exterminados por nuevos operadores con muchas menos restricciones. En todo caso habría que dar a los taxistas la misma libertad. Los poderes públicos deben regular para evitar un grave conflicto social. Es muy diferente, pero ¿recuerdan la reconversión siderúrgica de Carlos Solchaga?

El regulador tradicional del taxi ha sido el municipio. Quizá por eso el ministro José Luis Ábalos trasladó el asunto a autonomías y municipios. Pero fue un error. Los efectos sociales de la revolución tecnológica no tienen fronteras y no pueden ser resueltos sólo desde la Junta de Andalucía o la Generalitat. La España autonómica está muy bien, pero no confundamos la gimnasia con la magnesia. Como el conflicto ha demostrado, la solución -que como la de la siderurgia no es fácil y debe ser equitativa- no puede abordarse a nivel local. En Barcelona y Madrid, las dos grandes capitales, la problemática es la misma. Ya se ha visto.

El espacio público es de todos y no puede ser secuestrado por colectivos de protestas -legítimas- si violan la ley y perturban la vida ciudadana

Ábalos se ha equivocado al creer que descentralizar facilitaría la solución y evitaría al Gobierno tener que abordar un asunto espinoso en año electoral. Ahora ya se ve que las soluciones desde la Generalitat, o la Comunidad de Madrid, serán solo -en el mejor de los casos- un mal parche y que el Gobierno -controlado por el Congreso de los Diputados- tendrá que mojarse.

La culpa no es solo de Ábalos, sino también de las comunidades autónomas que no indicaron inmediatamente que el problema era el mismo en muchas capitales. E incluso en París, aunque allí, el legislador es otro.

Nadie dice -quizá hoy es incorrecto- que el autogobierno es positivo, pero que no debe negar la realidad. Al menos mientras Catalunya no sea un Estado -cosa que hasta ERC admite que no será a corto plazo-, el Gobierno central tendrá obligaciones de las que no podrá escapar. Una licencia de taxi vale más de 200.000 euros en San Sebastián y 125.000 en Barcelona, pero el conflicto entre los legítimos intereses de los taxistas y los de los chóferes de vehículos de turismo con conductor (VTC) es similar.

La prueba del nueve es el fracaso del 'conseller' Damià Calvet. Aseguró que no negociaría bajo el "chantaje" de los taxistas y ahora asegura que aprobará el decreto del cuarto de hora de Ada Colau (la Quijote del conflicto), pero la huelga solo acabó cuando la tumultuaria asamblea de taxistas aprobó -por escaso margen- el proyecto de solución. Y el conflicto sigue. Los conductores de VTC continúan en la Diagonal y el taxi sigue en estado de alerta. Y la situación en la Comunidad de Madrid es todavía peor. Barcelona mitifica el cuarto de hora y Madrid la distancia (no la sabemos) entre cliente y chófer de VTC.

La solución, que quizá pase por algún alambicado rescate parcial de las licencias, no se hallará si el Estado no se moja. Debe correr con parte de los costes políticos y económicos.