Un escenario competitivo que sea igual para todos

Nos enfrentamos a dos cuestiones. Aparecen íntimamente unidas, pero que para resolverlas hay que tratarlas de forma separada. Por una parte, están los 65.000 taxistas españoles que luchan por mantener trabajo en un contexto competitivo durísimo. Les acechan el transporte público, que mejora a marchas forzadas; las aplicaciones y VTC, que han irrumpido para quedarse, y los viajes compartidos -carsharing y carpoolingcarpoolin-, que aprovechan el tirón de la economía colaborativa para sentar sus reales. Por otra parte, aparecen las aplicaciones, personificadas en Uber y Cabify, que resultan ser un modelo de negocio más transparente, más rápido y más barato.

La burbuja innecesaria de las licencias

Grave error el de enfrentar a unos contra otros, en vez de tratar cada cuestión por separado. La era del taxi tal cual la hemos vivido las últimas décadas está tocando a su fin. En la época de la inmediatez se requieren soluciones de movilidad mucho más ágiles y de mejor servicio. Se imponen planes de mejora y de salida del negocio urgentes que faciliten el redimensionamiento del sector y la capacidad de competir a los que permanezcan. Dentro de estos planes,  será crucial la valoración de las inversiones realizadas por los taxistas para adquirir sus licencias, una burbuja innecesaria que se creó por desidia de muchos y que está ahí. Si se reestructuró el sector naval y la minería (dos casos complejos), hace tiempo que urge la del taxi, reduciendo las excesivas cargas que soporta.

La era de las aplicaciones llegó hace una década y se trata de tecnologías llamadas a representar este siglo un papel clave. Frenarlas, o dilatar su uso 15 minutos o una hora entorpecen su eficiencia y rentabilidad. Aunque, por otra parte, estas empresas no pueden seguir un minuto más en el limbo de los impuestos y las normativas mientras sus competidores cumplen.

Lo que pasa es que los gobiernos se han enterado del problema cuando ha estallado en la calle y revienta eventos como el de Fitur. Existe una ciencia que es la prospectiva. Mapea escenarios futuros y avanza numerosos aspectos. Aplicada a los cambios tecnológicos no garantiza nada, pero identifica y acota los problemas facilitando con antelación su abordaje. Aquí se gobierna a posteriori. ¿Alguien pensaba que la moratoria, hasta el 2022, que impone la ley de ordenación del transporte terrestre (LOTT) -votada en Las Cortes en octubre en plena efervescencia de los taxistas en la calle- iba a resolver la cuestión? Han tenido que salir nuevamente a la calle los taxistas -y con virulencia- para que alguien se sintiera concernido. Durante estos tres meses el Parlamento modificó la LOTT, el Gobierno pasó la patata caliente a las autonomías para que legislaran, y estos se escudarán en su momento en los ayuntamientos.

Decíamos en octubre (Una moratoria para la movilidad, EL PERIÓDICO) que en el decreto se perfilaban dos grandes objetivos: que el taxi se adapte al nuevo entorno y se modernice; y que los VTC amorticen las fuertes inversiones realizadas. Quedan cuatro años menos tres meses para crear un escenario competitivo igual para todos. No queremos más sobresaltos.