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La clave

Numerosos taxistas han esperado frente al Departament de Territori y durante tres horas y veinte minutos, que  terminase la reunión entre conseller Damià Calvet, la AMB y los representantes del sector del taxi. 

RICARD CUGAT

Los votos del taxi

Olga Grau

En la guerra del taxi nadie le ha preguntado al cliente qué necesita y cuáles son sus preferencias. De hacerlo, más de uno se llevaría una sorpresa

En el recrudecimiento del actual conflicto de los taxis contra los VTC tiene mucho que ver el decreto 13/2018 aprobado por el ministro de Fomento, José Luís Ábalos. Este decreto traspasaba la responsabilidad de la regulación de las VTC a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, con el argumento de que el criterio de proximidad debe prevalecer para garantizar la calidad de la prestación de determinados servicios como ocurre con la sanidad o la educación.

Temor al coste político

Sin embargo, la decisión ha resultado perniciosa por varios motivos. El primero es porque ha situado la presión en las autonomías y en los ayuntamientos ante dos sectores económicos con capacidad de lobi a nivel estatal y europeo. El segundo es porque los partidos políticos están a las puertas de unas elecciones municipales en mayo y nadie quiere asumir el coste político de legislar en caliente.

La convivencia del VTC y del taxi no puede ser, por motivos obvios, una materia que se legisle en caliente sin tener en cuenta una serie de factores sociales y económicos. El sector del taxi es un sector privado que tiene otorgada la capacidad de prestación de un servicio público a cambio de un régimen de monopolio que le limita las tarifas, los horarios y el ámbito geográfico de actuación.

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Debemos preguntarnos ahora si, en el actual momento, se dan las mismas circunstancias sociales y económicas de cuando se legisló este sector y si no haría falta plantearse una liberalización  asumiendo unas compensaciones a los que compraron sus licencias en su día. Es decir, el Gobierno podría plantearse una liberalización con unos costes de transición a la competencia (CTC) que se asumirían desde el sector público con una aportación del VTC.

Pero para liberalizar, o para encontrar otras soluciones posibles, es necesario mantener un debate de fondo que nadie quiere asumir políticamente. Es curioso que en este conflicto nadie le ha preguntado al cliente qué necesita y cuáles son sus preferencias. De hacerlo, quizá más de uno se llevaría una sorpresa. Se está legislando en caliente, con las urnas en la vuelta de la esquina, y sin perspectiva de largo plazo. Y los que pierden son los ciudadanos y los consumidores. Así nos va.