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LA CLAVE

Carles Puigdemont y Roger Torrent, en una reunión en Bruselas, en enero del año pasado.

EFE / STEPHANIE LECOCQ

Puigdemont contra el Parlament

Enric Hernàndez

Siendo estrámbótico que el 'expresident' dirima sus diferencias con ERC en el Constitucional al que desafió, aún lo es más que demande al Parlament que lo invistió

Justo cuando creías haberlo visto todo descubres que aún te queda todo por ver. Un Parlament que se declara en rebeldía ante el Tribunal Constitucional (9 de noviembre del 2015). Un 'president' que desacata los requerimientos del alto tribunal y presume de ello (11 abril del 2017). Un candidato en Bruselas que promete a sus votantes regresar para encabezar el Govern pero da plantón a la Cámara catalana el día de su investidura (30 de enero del 2018). Y, al cabo, un 'expresident' que demanda al presidente y a la mesa Parlament catalán... ante el Constitucional español. Recapitulemos.

La mesa acordó el pasado 9 de octubre, con los votos de ERC y PSC, retirar el voto delegado a los diputados procesados por rebelión y suspendidos por orden del juez Pablo Llarena. Los dos parlamentarios presos de ERC, Oriol Junqueras Raül Romeva, consintieron en ceder los derechos parlamentarios para preservar la mayoría independentista en la Cámara. No así Carles Puigdemont y otros cuatro parlamentarios encausados, que con su negativa dejaron en precario al Govern.

De los cinco diputados afectados, solo Puigdemont ha entablado batalla jurídica contra el Parlament. En su recurso de amparo ante el Constitucional denuncia que la mesa y su presidente, Roger Torrent (ERC), obraron "de manera totalmente arbitraria, sin ninguna garantía y prescindiendo absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido".  Les acusa en concreto de vulnerar los derechos fundamentales de los diputados suspendidos, consagrados por la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Mediara o no preaviso, el ataque a Torrent anticipa la inevitable ruptura del Govern, previa renuncia de Quim Torra y otra investidura fallida de Puigdemont ideada para estigmatizar a ERC de cara al anticipo electoral.

"ESTADO DELINCUENTE"

En su demanda contra Llarena, Puigdemont tachaba a la justicia de "parcial" y a España, de "Estado delincuente". Siendo estrambótico que el 'expresident' eleve el pleito con sus socios de Esquerra al tribunal al que desafió, aún lo es más que culpe de violar sus derechos al Parlament que lo invistió. Lo nunca visto.