Presupuestos y referéndum

Tras el fracaso del procés, los separatistas afirman ahora que su objetivo es la celebración de un referéndum pactado y exigen, a cambio de aprobar los Presupuestos, que el Gobierno español habilite una mesa para negociarlo. Ante la negativa de Pedro Sánchez, lo acusan de comportarse como Mariano Rajoy, que en su momento zanjó la cuestión con el famoso "ni quiero ni puedo". También desde otros espacios ideológicos no independentistas, como Unidos Podemos y sus confluencias, se repite la falsedad de que la viabilidad de un referéndum es una cuestión solo de voluntad política. No voy a insistir en la naturaleza reaccionaria de la secesión en democracia, por egoísta y frívola, tampoco en el carácter tóxico de los referéndums para dirimir pasiones identitarias. La actualidad del brexit nos ilumina sobre el desastre de las promesas populistas. Para el gran federalista canadiense, Stéphane Dion, el ideal democrático nos invita a vivir juntos, integrando nuestras pequeñas diferencias en una comunidad política más grande, mientras que la secesión pide a los ciudadanos romper sus lazos de solidaridad sobre la base de pertenencias etnolingüísticas. Por eso la secesión no es un derecho en democracia y nuestra Constitución no es una excepción.

Ni referéndum pactado ni consultivo

Contra lo que predican los independentistas o sectores del soberanismo, como Ada Colau, aunque hubiera voluntad política por parte del Gobierno español, el referéndum pactado del que hablan no es posible ni hoy ni mañana. El Tribunal Constitucional ha sentenciado de manera inequívoca que introducir el derecho a la secesión exige una reforma agravada del texto de 1978. Es un proceso largo y complicado que, como detalla el art. 168, requiere la aprobación por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución inmediata de las Cortes y otra ratificación por parte de ambas cámaras y, finalmente, la celebración de un referéndum en toda España. Así pues, la única opción que tendría un Gobierno en Madrid que quisiera negociar la autodeterminación sería impulsar una reforma de ese calado, pero con cero garantías de éxito. 

Tampoco es posible una referéndum consultivo solo en Catalunya a partir de una interpretación laxa del artículo 92. El TC ha dejado muy claro en diversas sentencias que "no puede someterse a consulta popular autonómica –referendaria o no- cuestiones fundamentales que fueron resueltas en el proceso constituyente" y que, por tanto, la redefinición del sujeto titular de la soberanía ha de encauzarse a través de la reforma constitucional prevista en el artículo 168. En el 2014, dicho tribunal, afirmó que las referencias al derecho a decidir no son inconstitucionales, pero invitó al Parlament a formular un propuesta de reforma agravada, cosa que los separatistas no hicieron. Así pues, cuando afirman haber agotado todas las vías, es otra mentira. Lo cierto es que un referéndum pactado es una quimera, lo absurdo es que insistan en ello para condicionar su apoyo a unos Presupuestos. Por eso es probable que acaben aceptando la contraoferta de una comisión descafeinada para votar las cuentas y seguir ganando tiempo.