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Análisis

Una ciudad secuestrada

ELISENDA PONS

Una ciudad secuestrada

Jordi Mercader

La Administración no dispone de competencias ni mecanismos legales para presionar a los huelguistas y convencerles de que lleven sus quejas a otros escenarios

El conflicto entre los derechos de los taxistas y los de los conductores de las plataformas VTC viene a subrayar un problema de fondo: la aprensión de los gobernantes a ejercer la autoridad conferida democráticamente, especialmente cuando afecta a la libertad de movimiento en el espacio público. Como consecuencia de esta actitud, Barcelona se ha convertido en el escenario predilecto de quienes aspiran a universalizar su lucha. Cuando esto sucede, las autoridades simplemente confían en que los barceloneses congelen sus derechos en nombre de la tolerancia para con los derechos de los huelguistas.

Contra la Administración y los administrados

Los taxistas compraron unas licencias, obligados por la Administración, esta, a cambio, les aseguró que les protegería de la ley de la oferta y la demanda por siempre jamás en la prestación de este servicio.  Sin embargo, la desregulación se abrió camino y hemos visto caer monopolios gigantes en el sector de las telecomunicaciones. La Administración que les cobró no sabe qué hacer y ellos se revuelven contra ella y, de paso, contra todos los administrados, obviando que el derecho de huelga no lleva asociado el privilegio de poder tomar rehenes, por muy legítima que sea la causa que se defienda.

Por qué, se dirán los taxistas y los conductores de vehículos de transporte con conductor, no podemos nosotros paralizar la ciudad como lo hacen los Comitès de Defensa de la República. Y algo de razón tienen. Algunos gobernantes, y una parte de la opinión pública, no lo ven exactamente igual. El 'conseller' Damià Calvet ya lo ha dicho, el país no se puede paralizar; de no ser por los míos, se entiende. Pero Barcelona está atrapada. En la plaza de Sant Jaume unos y otros se observan, esperando a ver quién es el primero en reclamarle al otro la restauración de la normalidad ciudadana, la libre circulación de vehículos, a la vez que se garantiza la expresión pública de la huelga.  

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El ejercicio de la autoridad ante la ocupación de la calle en defensa de derechos plantea un serio compromiso a los políticos. La pasividad se suele argumentar en la prudencia, apelando a la proporcionalidad de la intervención para no provocar males mayores. La duda metódica entre la justicia de la causa de los movilizados, los perniciosos efectos colaterales de la protesta y las consecuencias de una actuación policial suele desembocar en parsimonia.

Nadie espera que mil grúas desalojen la Gran Via y la Diagonal de coches mal aparcados, pero nadie se puede creer, tampoco, que el conjunto de administraciones del país no disponen de competencias y mecanismos legales para presionar a los convocantes de la huelga y convencerles de que lleven sus justas quejas a otros escenarios menos perjudiciales para la movilidad, el comercio y la tranquilidad del resto de mortales. El riesgo de gobernar, asusta; y eso lo nota cualquier huelguista.