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CONTRAPUNTO

Un cliente de un concesionario de coches pide información.

Derechos de los consumidores en la letra pequeña

Salvador Sabrià

Las normas europeas están por encima de las estatales. En los derechos de los consumidores, si estos son españoles les suele salir mucho más a cuenta la normativa de la Unión Europea que la propia. La mejor evidencia han sido las cláusulas suelo considerada abusivas, por su impacto económico y por el número de personas afectadas, que han obligado a la banca a devolver millones de euros a sus clientes por una práctica irregular en sus contratos. Lo más lacerante en esta historia es que la legislación europea que se incumplió, según los tribunales de la UE, es una directiva del 5 de abril de 1993. No es un error de tipografía. 1993.

Igual que sucede con las cláusulas suelo, una directiva europea protege al cliente al reembolsar un crédito

Pese a tantas sentencias, aún hoy no se ha puesto en marcha un mecanismo eficaz para devolver a los clientes esquilmados las cantidades que pagaron de más, sin ningún tipo de demora, o incluso con la amenaza de un desahucio si se retrasaban en el pago abusivo. Hace unos días, el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, afirmó que las medidas adoptadas para resolver las demandas sobre las cláusulas suelo en los juzgados habían sido un rotundo fracaso. La ley puede darle la razón al ciudadano, pero plasmar esta victoria en la realidad tarda años.

Otra directiva europea que juega a favor del consumidor es la 2008/48/CE, relativa a los contratos de créditos al consumo. Puede tener un papel relevante en el futuro dado el crecimiento del uso de los créditos para comprar productos caros, como coches o electrodomésticos. Muchas marcas rebajan el precio u ofrecen más y mejores garantías al comprador si este adquiere el coche con un préstamo que si lo paga al contado. Ante estas opciones, al final el cliente acepta pagar a plazos, incluso si dispone del efectivo.

En estas situaciones, vale la pena tener en cuenta la citada directiva europea porque puede ahorrar mucho dinero al comprador sin que pierda las garantías ofrecidas. Según la ley de contratos de crédito al consumo, basada en la norma de la UE, el consumidor tendrá derecho a liquidar en todo momento, total o parcialmente, las obligaciones derivadas del contrato del crédito y tendrá derecho, entonces, a una reducción del coste total, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del contrato que queda por transcurrir. El prestamista tendrá derecho a una compensación justa, pero la ley establece que “dicha compensación no podrá ser superior al 1% del importe del crédito reembolsado anticipadamente”, y si el periodo pendiente no supera un año, la compensación se reduce al 0,5%.  Dado que los créditos al consumo tienen actualmente unos tipos del 5% al 9%, vale la pena hacer cuentas con las oportunidades que en este caso aporta la letra pequeña del contrato en sus aspectos de protección del consumidor.