Las puertas al campo

La disrupción tecnológica obliga a la sociedad a replantearse la manera cómo ha venido haciendo las cosas hasta ahora y a su vez equilibrar los intereses de los consumidores con los de los empleados y los lobis económicos. Por ejemplo, siempre se ha considerado normal que las oficinas bancarias estuvieran cerradas por las tardes, un privilegio de los empleados del sector que claramente iba en detrimento de los intereses de los consumidores. Pero ante la irrupción de la tecnología móvil, los clientes están dejando de ir a las sucursales para hacer las operaciones más rutinarias como sacar dinero, hacer transferencias, abrir una cuenta o actualizar el saldo.

De hecho, los clientes evitan ir al banco y cuando lo hacen es porque quieren tratar un tema relevante para sus finanzas. En este contexto se enmarca la decisión de CaixaBank de abrir toda la red de oficinas por las tardes, algo que hubiera sido impensable plantearle a los sindicatos hace una década.

La guerra del taxi es también un ejemplo de este enfrentamiento entre un sector que defiende sus privilegios y nuevos operadores que pretenden ofrecer los mismos servicios, pero de otra manera. En este caso existe un tema de fondo, que es el mercado opaco de reventa de licencias que puede hacer perder dinero a los que invirtieron ingenuamente una gran cantidad de dinero en un taxi como medio de vida porque era un sector cerrado a la competencia.

Pero al margen de la polémica concreta, lo que visualizamos es cómo se libra una batalla entre un sector tradicional que ha operado en régimen de concesión-monopolio con unas aplicaciones vía móvil que han logrado captar a millones de usuarios registrados a los que les resulta conveniente usar este servicio.

El debate se complica todavía más cuando irrumpe otro fenómeno. Se trata de la relación fiscal que tienen estas plataformas tecnológicas con los países y las sociedades en las que operan. Y las relaciones laborales que establecen con las personas que hacen posibles sus servicios.

Es legítimo que los nuevos sectores operen en condiciones de competencia plena con los sectores tradicionales. Pero es imprescindible que como sociedad velemos porque no se implanten modelos de negocio basados en la precariedad, en el desprecio por los derechos laborales o en la no contribución mediante impuestos a la sociedad del bienestar.

No se pueden poner puertas al campo y negar a los consumidores la posibilidad de ir al banco por las tardes o de disfrutar de un servicio de transporte eficiente . Las administraciones tienen la responsabilidad de ser justas con la nueva economía y permitirles entrar en España.

En paralelo, tienen la obligación legal y moral de dedicarse a velar por que el transportista de Uber Eat o de Glovo de turno que trae una hamburguesa a casa por cinco euros no sea un falso autónomo y cobre céntimos de euro por el viaje. Y si haciendo las cosas bien no les salen los números y no ganan dinero, así es la libre competencia y el respeto a las reglas del mercado para todos.