Ir a contenido

Editorial

Unos Presupuestos sociales e inciertos

Las negociaciones de Sánchez con los independentistas serán largas, pero abren una posibilidad de pacto que conviene a ambas partes

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros y que son clave para el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros y que son clave para el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez. / DAVID CASTRO

Los Presupuestos del Estado presentados este lunes significan el mayor aumento del gasto desde que estalló la crisis económica, al nivel del incremento de los del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010. Las cuentas son un intento positivo de blindar el Estado del bienestar, recuperar el contrato social roto por la crisis y devolver a las clases medias y populares parte de lo perdido en los años del austericidio. El gasto crece un 5,3% hasta los 345.000 millones de euros, con un fuerte aumento de las partidas sociales (un 59% en dependencia, un 41% en vivienda y un 40% en infraestructuras), pero el principal problema es cómo se financia ese gasto. Los ingresos récord previstos, de 227.000 millones, un 9,5% más, suscitan escepticismo, pese a que el Gobierno confía en cubrirlos con el aumento de la recaudación por el mantenimiento de la mejora de la economía y con nuevos impuestos.

Las cuentas, como es habitual, salen ya condicionadas por el dinero destinado a pensiones, 153.000 millones, más de la mitad del gasto total, el sueldo de los funcionarios (23.000 millones) y los intereses de la deuda (31.500 millones). El margen de maniobra es, pues, escaso. Por eso es digno de destacar el esfuerzo que hace el Gobierno en cumplir el Estatut en la partida de inversiones en Catalunya, que crece un 52%, hasta los 2.051 millones, un 16,8% de la inversión territorializada del Estado. Este porcentaje no alcanza el del PIB de Catalunya (un 19,2% ), lo que ha provocado ya las críticas de los grupos independentistas. El Gobierno asegura que se llega al 18,5% porque hay que añadir 200 millones en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Pero no serán unas décimas de más o de menos lo que decida el voto de los independentistas a los Presupuestos, imprescindible para su aprobación, contando con que Podemos los respalde al final. Tanto el PDECat como ERC siguen negando que vayan a aprobar las cuentas y ni siquiera desvelan si permitirán su trámite. Carles Puigdemont puso dos condiciones: una mesa de diálogo con mediación independiente sobre la “salida política al conflicto” y una comisión que verifique que se cumplen los compromisos del Estado. Sin embargo, se mostró dispuesto a negociar, como quieren el ala más pragmática del partido y ERC. Las negociaciones, condicionadas por el juicio del 'procés', serán largas y duras, pero la rendija se abre y por ella puede entrar el aire que permita una solución que conviene a ambas partes.