Contradicciones con las pensiones

El Gobierno se ha pronunciado esta semana a favor de adoptar medidas para que, de una forma progresiva, la edad real de jubilación, se incremente hasta alcanzar los 65,5 años en el 2048. Se trata, insiste el Ejecutivo, de la edad real, la media en la que efectivamente se jubilan las personas en España, y no de la edad legal en la que deberían hacerlo en circunstancias normales. Esta no la quiere modificar, y se mantendría en la senda de aumento que prevé que alcance los 67 años en el 2027.

El efecto de la crisis, con el alud de despidos y jubilaciones anticipadas, o el incremento de prejubilaciones voluntarias a los 63 años ante el temor de un endurecimiento de las condiciones de acceso a una pensión digna en años futuros  son algunos de los factores que explican porque la edad real de jubilación está actualmente en los 63,7 años.

El anuncio provocó muchas reacciones de inmediato. Algunas por parte de políticos que saben perfectamente que se estaba hablando de la incrementar la edad real de jubilación, y no de la legal, pero lo pusieron todo en el mismo saco porque saben que de trata de un tema muy sensible y porque, cada vez más, los matices, o la pura verdad, cuentan menos. Otras, para recalcar que antes de preocuparse de este aspecto es mucho más urgente incrementar los ingresos de la Seguridad Social, mejorar sus cuentas y garantizar por ley y de forma automática una actualización de las prestaciones públicas de acuerdo con el aumento del coste de la vida. Reclaman que esto no dependa de la voluntad del Gobierno de turno, o de su necesidad de frenar las protestas de un colectivo cada vez mejor organizado y reivindicativo como demuestra la extensión de la Coodinadora de pensionistas en defensa del sistema público de pensiones.

Sin las manifestaciones masivas organizadas desde hace años por estos grupos, a las que se sumaron posteriormente los grandes sindicatos, poco se habría modificado de la reforma de las pensiones del último Gobierno del PP. UGT continúa reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que derogue completamente ese cambio legal de los populares. Algunas mareas de pensionistas van mucho más allá y exigen que se anulen todas las reformas del sistema de prestaciones aplicadas desde el año 2000 y que se vuelva a situar la edad legal de jubilación en los 65 años.

Y mientras eso sucede, las leyes laborales permiten, e incluso incitan, a las empresas a despedir a los empleados de más edad, con las cotizaciones más elevadas, que después no cubren el puesto, o los sustituyen por otros mucho peor pagados y con menos derechos laborales. Para el sistema público, esto es pan para hoy y hambre para mañana y si realmente se quiere ampliar la edad real de jubilación lo primero que se debería reformar es una legislación que tiende a expulsar del sistema laboral a los mayores, aunque no les toque todavía.