¿Quién creerá en el Tribunal Supremo?

Una cadena de casos recientes especialmente desgraciados -como el de las hipotecas- han comprometido la imagen del Tribunal Supremo, sin contar con la descarnada politización mostrada con respecto al Consejo General del Poder Judicial por culpa, entre otras cosas, de unos nada ingenuos wasaps que costará mucho tiempo olvidar. Sin duda, el proceso contra los políticos independentistas también va a ser clave para la credibilidad de la institución, lo que difícilmente va a dejar a los jueces una óptima serenidad para decidir.

Presiones por los dos lados

Por una parte se va a sentir la presión de los que piensan que la fiscalía y el magistrado instructor de la causa tergiversaron los hechos y manipularon el Código Penal para ver violencia donde no la hubo, con el único objeto de imputar rebelión para conseguir encarcelar y apartar a los políticos independentistas de sus cargos. Si todo ello -que se ha aventurado y publicado con reiteración- fuera cierto, jueces y fiscales se habrían excedido manifiestamente de sus funciones cometiendo gravísimos delitos. Los que están convencidos de esta sobrecogedora versión de los hechos no confían en absoluto en lo que vaya a hacer el Tribunal Supremo.

Pero también presionarán los convencidos de que lo que sucedió en Catalunya fue un golpe de Estado. Y para ello no dudan en entender que los planes para celebrar un referéndum, así como las vulneraciones del ordenamiento jurídico del Parlament y del Govern, fueron conspiraciones para lograr la secesión por la fuerza de los acontecimientos, disponiendo a los muchos partidarios de la independencia como ariete callejero frente a la acción de la fuerza estatal. Esta es la versión del instructor de la causa y de la fiscalía, y para todos los que la creen, la única sentencia válida sería la que condenara por rebelión a muchos años de prisión, o al menos por sedición o por conspiración a la rebelión.

Motivación de sentencia como defensa de credibilidad

No hay muchas posiciones intermedias, más allá de lo indicado, y pocos somos los que discrepamos frontalmente de ambas versiones. Sea como fuere, los unos no aceptarán otra cosa que no sea la absolución o la inhabilitación. Los otros, nada que no sea una dura condena. El Tribunal Supremo tendrá que decidir con ese trasfondo lamentablemente imborrable de la indicada crisis de credibilidad. Su única defensa será la corrección de su trabajo, que se expresará, con independencia del resultado final, a través de una motivación de la sentencia estrictamente correcta y objetiva, sin apasionamientos, tremendismos ni elucubraciones, absolutamente hermanada con los hechos que resulten realmente probados, muchos de los cuales son, por cierto, notorios, y recordando que el derecho penal es la última solución del ordenamiento para corregir una disfunción, es decir, que no se pueden interpretar las normas para hacer que las leyes digan lo que no dicen con el único fin de castigar, porque ello repugna al derecho penal.

La única sentencia que contribuirá a una recuperación realista del prestigio será la que acabe avalando, en su caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que no sea vista como ridícula o al menos incorrecta por la prensa internacional, actor que, guste o no, habrá que tener en cuenta si se pretende restaurar esa imagen. No es que la prensa internacional tenga que condicionar una sentencia. En realidad, el tema no le afecta demasiado, pero no avalará un fallo que no aplique lo que sabe cualquier penalista del mundo, o bien que se aparte de hechos notorios o que vulnere derechos humanos. No es solo el Tribunal Supremo el afectado. La credibilidad de España como país también está en peligro.

Es imprescindible que la prensa informe durante un proceso tan importante, pero habría que evitar los juicios paralelos. No saquemos conclusiones precipitadas de cada declaración de los acusados. No saquemos frases aisladas de contexto. No nos dejemos llevar por lo que fragmentariamente vayamos conociendo. Dejemos trabajar en paz a los actores de ese proceso. Si se producen incidentes en la sala entre letrados, fiscales, jueces, acusados o testigos, no echemos las campanas al vuelo. Dejemos a todos los protagonistas del proceso trabajar en paz y esperemos a la sentencia. En el tribunal hay jueces del más alto nivel, y varios de ellos de un prestigio que es muy razonable pensar que no van a querer perder por espurias razones políticas, y mucho menos por la presión puntual del ambiente.