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Editorial

Unos Presupuestos más sociales

Las cuentas del Gobierno defienden un giro en la política económica, con una mayor voluntad redistributiva de la riqueza

Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, de Economía, Nadia Calviño (en segundo plano) y Portavoz, Isabel Celáa, en la sala de prensa del Consejo de Ministros.

Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, de Economía, Nadia Calviño (en segundo plano) y Portavoz, Isabel Celáa, en la sala de prensa del Consejo de Ministros. / José Luis Roca

El proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno este viernes defiende un giro en la política económica del país, con una mayor voluntad redistributiva de la riqueza, que comportaría un aumento del gasto público en partidas como las pensiones o la dependencia, por poner solo dos ejemplos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los presentó como un "punto de inflexión" hacia un modelo "más inclusivo y sostenible", y podrían serlo si superan la tramitación parlamentaria, todavía en el aire.

El Ejecutivo fía el aumento del gasto a una previsión de recaudación récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% más que el año pasado. Unas cifras quizá demasiado optimistas, teniendo en cuenta que la previsión de crecimiento para este año se ha rebajado una décima, del 2,3% al 2,2%. El Gobierno espera aumentar los ingresos siguiendo la máxima de 'quien más tiene más paga'. Así, el IRPF subirá para los grandes contribuyentes y se incrementará el impuesto de sociedades para las grandes empresas, la banca y las compañías de hidrocarburos. En cuanto al IVA, se rebaja la tasa en los productos de higiene femenina del 10% al 4%, que pone fin a una situación de discriminación de género en el consumo. Entre las medidas sociales, aumenta la dotación de dependencia y las becas de estudio. 

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Falta por concretar la inversión del Estado en Catalunya, aunque el Gobierno ya anunció que por primera vez cumplirá la disposición adicional tercera del Estatut, es decir, que sea equivalente al peso de la economía catalana en el PIB español (el 18%, frente al 13,3% de los presupuestos del 2018). La cifra exacta se conocerá el próximo lunes, cuando el proyecto se presente al Congreso.

El compromiso de cumplir el Estatut es un gesto hacia los partidos independentistas, que aún no han decidido su voto. Pero esta no es la única incertidumbre a la que se enfrenta Sánchez. Podemos, con el que llegó a un pacto presupuestario, amaga con oponerse si no se modifica el decreto de alquileres para que los ayuntamientos puedan limitar los precios. El Gobierno no lo tiene nada fácil. Los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez tienen en su mano favorecer unas cuentas que pretenden corregir los desequilibrios de políticas anteriores y mejorar las inversiones en Catalunya o dejar al Ejecutivo en una inestabilidad que abriría el camino a unas nuevas elecciones, con el auge de la ultraderecha de fondo.