La difícil regulación de Uber y Cabify

El conflicto del taxi vuelve a asomar. En realidad, nunca se cerró del todo, porque el real decreto sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) fue una manera de ganar tiempo. El Gobierno establecía una moratoria de cuatro años y a la vez facultaba a ayuntamientos y a comunidades autónomas a regular las licencias VTC (las que usan Uber y Cabify). El nuevo foco de tensión reside, justamente, en la futura ley catalana, ya que la Generalitat estudia obligar a los clientes de los VTC a solicitar los servicios con horas de antelación. Unauto, la patronal de las empresas de vehículos de alquiler con conductor, ya ha advertido de que esto supondría la muerte de su negocio, mientras que para el taxi es imprescindible. El Govern anunciará este viernes los detalles de la norma en una difícil posición: si incluye la precontratación, los VTC recurrirán contra ella, y también será impugnada por la Autoritat Catalana de la Competència por ser "altamente discriminatoria"; y si no la incluye, los taxistas amenazan con una "guerra" en las calles. 

El sector tradicional del taxi ve peligrar su futuro ante el fuerte crecimiento de Uber y Cabify. El Govern debe regular para proteger este servicio público, pero de tal manera que no se amenace la libre competencia. El ambiente está muy embravecido, como se ha visto este jueves con el escrache de los taxistas a Unauto. Sería indeseable una situación de bloqueo en Barcelona como la vivida durante la anterior huelga del taxi, hace apenas medio año.