Opinión | Editorial

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Rebrota el problema de las terrazas en Barcelona

Más allá de la disputa partidista, debe compaginarse la legítima aspiración empresarial con la imprescindible convivencia en el espacio público

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El conflicto de las terrazas y veladores de los bares y restaurantes de Barcelona es uno de los de más largo recorrido de la Administración de Ada Colau. Después de haber puesto en práctica una política estricta basada en la ordenanza del gobierno de Xavier Trias del 2013, y como consecuencia de las campañas del sector de la restauración y el turismo, el ayuntamiento pactó con el sector, en junio del 2018, una modificación de la normativa de terrazas que pareció, en su momento, que llegaba para pacificar la situación con el objetivo de satisfacer tanto la demanda de más plazas como el respeto por los vecinos y por una ciudad más transitable.

Aunque las medidas han funcionado razonablemente bien en el resto de la ciudad, su aplicación en espacios singulares –como es el caso de Ciutat Vella– ya hacía prever una probable reactivación del conflicto. El Gremi de Restauració critica la política contraria, según ellos, del ayuntamiento y este se defiende en la necesidad de poner coto a la saturación en zonas de gran condensación. Recientes decisiones judiciales sobre horarios de cierre, la debilidad estratégica de Colau y la proximidad de la campaña electoral han provocado que la oposición, con la abstención de ERC, vuelva a hacer bandera del asunto, con la aprobación de una comisión especial de seguimiento que pone en jaque al gobierno. Más allá de la disputa partidista, debe compaginarse la legítima aspiración empresarial con la imprescindible convivencia en el espacio público.