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Editorial

Manteros y espacio público en Barcelona

Las políticas sociales son lentas; un enfoque únicamente en términos de seguridad no es sencillo

Acordado el desalojo de los manteros de la estación de plaza de Catalunya.

Acordado el desalojo de los manteros de la estación de plaza de Catalunya. / RICARD CUGAT

Entre los problemas de Barcelona –la inseguridad ha saltado al primer puesto en el último barómetro municipal— no es menor la gestión del espació público, en la que destaca la venta ambulante ilegal, los manteros. Desde hace unos meses, en diferentes zonas de la ciudad, como la plaza de Catalunya o el Port Vell, la presencia de vendedores ambulantes de productos falsificados ha generado en muchos ciudadanos la sensación de que este tipo de actividad comercial está fuera de control en la ciudad. Que el Ayuntamiento de Barcelona, la Guardia Urbana, la Conselleria d’Interior y los Mossos d’Esquadra se enfrascan en una discusión competencial en casos como el del intercambiador de la plaza de Catalunya (donde resulta obvio que puede haber problemas de seguridad) no ayuda a la gestión de una situación problemática.

Es problemática porque, como alega el consistorio, se trata de un problema “complejo”, en el que los vendedores callejeros son el último eslabón y el más vulnerable de una larga cadena de un negocio ilegal. El hecho de encontrarnos en precampaña electoral no ayuda a un debate político sano, si bien es cierto que el caso concreto de los manteros y, en general, el de la gestión del espacio público es uno de los temas constantes de este mandato de Ada Colau en el consitorio. Tras varios  incidentes callejeros protagonizados por manteros en agosto, Colau sufrió la tercera reprobación en cuatro meses con el voto de la toda la oposición (PDECat, ERC, PSC y Ciutadans), excepto la CUP, y la petición de que la alcaldesa dejara de ser la responsable de seguridad del consistorio.

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Colau ya pidió el pasado mes de junio más implicación de la Generalitat y del Gobierno central para atajar el problema mientras niega que exista “permisividad”. El Ayuntamiento ha puesto en marcha programas de empleo para sacar a los manteros de la calle –130 se han retirado en dos años, según cifras municipales–, pero se trata de programas a largo plazo que no evitan la sensación de ahogo y descontrol en algunas zonas de la ciudad. Las políticas sociales son lentas; un enfoque únicamente en términos de seguridad no es sencillo (de entrada, hacen falta recursos) y no garantiza resultados reales, y menos con pugnas competenciales y el temor al daño político entre la opinión pública que el uso de la fuerza en este asunto pueda generar.  El efectismo no ayudará a gestionar mejor el espacio público.