El trabajo mal hecho del Castor

Cuando un problema entra en la vía judicial como único recurso para buscar una solución se supone que se han agotado todas las otras opciones posibles de acuerdo, o que una de las partes está tan convencida de que tiene la razón que no piensa ofrecer más salvo que se lo exijan los tribunales. Una posibilidad que no entra en sus cálculos, porque en caso contrario ya habría buscado una negociación previa antes de llegar a esta situación. Cuando el mismo problema acaba causando con el paso del tiempo un alud de demandas, lo que constata es que desde su origen el proyecto estaba mal planteado, mal planificado, sin suficientes garantías legales o técnicas, posiblemente basado en decisiones arbitrarias, o todo junto a la vez. Y el resultado final, cuando se maneja dinero público, es que, por un canal u otro, al final el pagano acaba siendo el contribuyente.

El  caso Castor, el almacén submarino de gas, enmarañado en batallas legales cada vez más complicadas, es una demostración práctica de que lo que mal empieza mal acaba. En su historia han intervenido Gobiernos de partidos alternativos.

Como siempre, vuelve a salir el argumento de que se cumplió estrictamente la legalidad. Pero subsiste la duda razonable de si la ley que se cumplía se hizo precisamente para que el proyecto de turno se ajustase a la normativa. Hasta la que la realidad, o la justicia del propio país o la europea, acaban reafirmando que algo estaba mal desde el principio. Hicieron falta varios seísmos para que el Ejecutivo de turno se decidiese a suspender la actividad del almacén de gas frente a las costas de Castelló. Como que el contrato cumplía la citada legalidad, la empresa constructora del proyecto (controlada por ACS, una firma especializada en ganar concursos públicos de todo tipo) exigió una indemnización y el Gobierno del PP fue raudo y veloz a otorgársela y endosar de forma indirecta el pago a los clientes. Por suerte, aquellos movimientos sísmicos no provocaron ninguna desgracia destacable, porque incluso en ese caso el tipo de contrato habría conllevado una indemnización. 

La situación llegó a ser tan escandalosa, que hasta el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a adoptar medidas para evitar que los contribuyentes españoles tuviesen de abonar las compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación "desastrosa". Y el Tribunal Constitucional anuló la fórmula de pago de esa indemnización. Para financiarla, tres bancos habían dado créditos por valor de 1.350 millones que ahora reclaman. Y, de momento el Gobierno calla. Pero nadie sabe de dónde saldrá ese dinero. Seguramente habría que llegar hasta el origen del gasto, y reclamarlo a la empresa que construyó el almacén sin calcular sus efectos. Que a su vez volvería a alegar que cumplió todo lo que se le pidió. Entonces habría que encontrar a los responsables políticos y técnicos del proyecto inicial, con todas sus deficiencias. Legales, por supuesto.