Políticas sociales para los menores solos

El 2017 significó un punto de inflexión muy notable en la llegada a Catalunya de los llamados 'mena', los menores extranjeros no acompañados. En septiembre de ese año ya se había superado en un 63% la cifra total de los que llegaron en el 2016, y la cifra siguió subiendo. En el mes de julio del 2018, el total fue superior al de todo el 2015 y entre enero y julio del año pasado el número de menores igualó, con cerca de 1.500, la cifra global del 2017. Conviene tener presentes estos datos para calibrar la magnitud del problema, que se ha concretado, en distintos episodios vividos los últimos meses, en la pernoctación de niños y jóvenes en la Ciutat de la Justícia, por falta de centros adecuados. Aun a pesar de la ampliación de las plazas de acogida por parte de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) –unas 1.700 en el 2018–, la sensación de desprotección, inseguridad y falta de las mínimas condiciones vitales sigue presente, acrecentada por el hecho que Catalunya es, con diferencia, la comunidad autonómica donde recalan más menores, procedentes del Magreb y de la región subsahariana.  

Es en este contexto que deben analizarse los datos recogidos por diversas instituciones y por la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos y que tanto hacen referencia al aumento de la actividad delictiva de los 'mena' como al déficit de integración y a la deriva hacia situaciones ilegales. Más allá de los espacios de acogida, la problemática se cifra en la falta de perspectivas sociales y laborales de los menores y en la dificultad de ofrecerles una posibilidad de futuro, con saturación en los servicios, una base escasa de educadores sociales, una excesiva rotación por distintos equipamientos sociales y un aumento de situaciones que derivan en trastornos límites de la personalidad. EL PERIÓDICO denunció la existencia, en los jardines de Sant Pau, en el Raval, de un grupo de niños marroquís que dormían al raso y consumían pegamento. Sigue siendo así, con otros puntos de encuentro, en Poble Sec y Port Olímpic y con la consiguiente percepción de inseguridad ciudadana que se concreta en un aumento de la criminalidad. Sin embargo, la solución no debe ser solo policial. La Generalitat, como tutor legal de los menores, ha de procurar no solo su bienestar físico y psíquico sino establecer, más allá de los recurrentes agravios institucionales, una política seria de protección, educación y acompañamiento. Una responsabilidad social que exige más recursos y una mayor implicación de los estamentos que trabajan con menores.