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Al contado

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

ESTEFANIA ESCOLA (ACN)

Catalunya, independencia dependiente

Agustí Sala

Una aparente mayor autonomia financiera convivirá con controles que se crearon para evitar que se desviara dinero para el 'procés'

Muchos se han rasgado las vestiduras porque la Generalitat recurrirá este 2019 al fondo de facilidad financiera (FFF) en vez del de liquidez autonómica (FLA). Es decir será del club de las autonomías que cumplen con el déficit. Hay quien lo ha vendido como una concesión de Pedro Sánchez para atraer los votos independentistas para los Presupuestos del 2019.

Pero resulta que el Govern hizo su petición en julio, como está establecido. Y la resolución del Ministerio de Hacienda llegó a finales de diciembre ¿Trato de favor? No lo parece. Para poderse acoger a este otro fondo, por el que se paga el mismo interés, el 0,841%, hay que cumplir con los criterios de deuda, déficit y pago a proveedores. La Generalitat lo hizo en el 2017 y prevé hacerlo en el 2018, aunque el dato definitivo se conocerá en abril. 

Ahora se entiende por qué el 'vicepresident' y 'conseller' de Economia, Pere Aragonès, adelantó un mes el cierre presupuestario de las 'conselleries' y emitió una circular para el resto del sector público para que se restringiera el gasto y la inversión. Hasta octubre, la Generalitat mantenía sus cuentas con superávit.

La idea era esgrimir una buena gestión para poder acudir en el futuro a los mercados a financiar la deuda, pese a que hoy su calificación crediticia es próxima al bono basura e igual a la de Angola o Bolivia. Se trata, en definitiva, de aparentar mayor autonomía financiera.

A diferencia del FLA, ligado a mayores controles, para estar en el FFF basta con emitir informes trimestralmente. Pero es que la Generalitat, además, está sujeta a un control reforzado impuesto por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en noviembre del 2015.

Y la actual titular de la cartera, María Jesús Montero, no tiene intención, por ahora, de abolirlo , tal como afirmó en una entrevista a este diario. En todo caso ha de ser la comisión delegada para asuntos económicos la que lo decida. 

Estamos, por tanto, ante un movimiento político, es decir cada uno puede rentabilizarlo a su gusto. Por un lado, la Generalitat puede emitir señales de que avanza hacia una mayor autonomía financiera, pese a que tres de cada cuatro euros de los 78.506 millones que debe tienen al Estado como acreedor. Y además deberá seguir recurriendo a ese único financiador, al menos por ahora y seguir rindiéndole cuentas. 

Y por otro lado, el Gobierno central puede afirmar que, pese al cambio de fondo por cumplir los requisitos objetivos, se mantienen muchos de los controles que se impusieron para evitar que se desviara un solo euro para el 'procés'. 

Lo cierto es que este año el Govern pedirá al Estado otros 8.071 millones. Y mucha parte de esa cantidad se destinará a cubrir vencimientos y a amortizar deuda, mucha de ella, precisamente, del Estado. En definitiva, independencia, pero dependiente. Mayor soberanía, pero más deseada que real.