Medio año bastante productivo

El último Consejo de Ministros del año ha sido una demostración práctica de que cuando hay voluntad política es posible adoptar medidas que hasta solo unos meses antes se calificaban casi de imposibles. Incluso por parte de un Gobierno que, según sus adversarios, está faltado de representatividad y no tiene suficiente autoridad para decidir. Pese a sus tambaleantes apoyos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado muchas más decisiones con efectos prácticos en medio año que el Govern de Catalunya que dispone de un teórico apoyo parlamentario más fuerte, por comparar. 

Entre las medidas que pueden tener más calado se encuentran la revalorización de las pensiones aplicando un nuevo sistema de cálculo basado en la media anual del IPC, que no es de por sí una fórmula automática pero si que establece un sistema más racional que una arbitraria decisión política. Los sindicatos continúan exigiendo al Gobierno que derogue la reforma del sistema de pensiones impuesta por el PP en el 2013. Pero, aunque no se haya hecho este paso, el resultado práctico ha dejado sin efecto el factor de sostenibilidad y la fórmula de cálculo del aumento de las pensiones, que limitaron la subida de las prestaciones al 0,25% anual y que, como reconoció incluso el Banco de España, comportaban una progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.

De hecho, la presión de la calle y el temor de que esta se reflejase en las urnas en unas elecciones ya habían conseguido que el mismo PP se rectificase a sí mismo y limitase los efectos de su polémica reforma. Y por eso ahora tendrá más difícil negarse a apoyar una subida de las prestaciones, que cumple precisamente con un compromiso adoptado por el Gobierno de Rajoy, aunque vaya unido ahora a una nueva fórmula de cálculo. 

Es posible que Sánchez no logre aprobar los Presupuestos para el 2019. De hecho, como era preceptivo, el Consejo de Ministros también aprobó los criterios de la prórroga de las cuentas del 2018. Pero ha adoptado varias decisiones que, como mínimo, dan la imagen de que se gobierna pese a todo. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), nada menos que de un 22%, nos acerca un poco más a los socios europeos y da argumentos a los sindicatos en las negociaciones de convenios sectoriales y de empresa para que se haga realidad el pacto con las grandes organizaciones patronales que contempla la senda del establecimiento de un salario como mínimo de 1.000 euros en los convenios en el 2020. 

En estos seis meses, el Ejecutivo nacido de una moción de censura ha actualizado varias leyes españolas adaptándolas a la normativa europea que estaban pendientes de ello desde hacía años, y, en algunos casos con la amenaza de sanciones por parte de las autoridades europeas por su incumplimiento. La voluntad política puede lograr mucho más de lo que parece.