07 abr 2020

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Al contado

Planta desalinizadora de Aigües Ter Llobregat en El Prat.

JOSEP GARCIA

¿Es Cataluya como Venezuela?

Agustí Sala

No conviene que la privatización de la antigua ATLL acabe en un arbitraje internacional

Algunos dicen que Catalunya es como Venezuela. Y no por el clima, el tamaño (es mucho mayor) o el númnero de habitantes (cinco veces más) sino por la inseguridad jurídica. Parece exagerado pero lo que sucede con la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL), reconvertida por decreto en ATL (pierde una 'L' y pasa a estar controlada por la Generalitat), tiene mala pinta.

El actual Govern decidió que esta compañía, que controla la red de suministro del área metropolitana de Barcelona y otras comarcas colindantes que suman más de cuatro millones de habitantes, volviera a ser pública, después de que el Tribunal Supremo invalidara su privatización. Acabó así una batalla judicial que empezó el día después del concurso en el 2012 promovida por el otro licitante, Aigües de Barcelona (Agbar).

Nada que objetar de entrada. Una Administración tiene derecho a tener su propia estrategia siempre que sea legal. Otra cosa ha sido el desarrollo del proceso. Quizás para entenderlo haya que rebobinar seis años y analizar los despropósitos que caracterizaron esta operación bajo el Govern de Artur Mas. Lo que mal empieza... El embrollo se agrandó pocos días después de la licitación porque un ente de la propia Generalitat, en el seno de la cual había dos visiones opuestas sobre a quién debía otorgarse la concesión, dio la razón a Agbar.

En todo caso, el problema hoy es que el consorcio encabezado por Acciona, tiene deberes, algo incuestionable, pero también derechos. Que una comisión de la propia Generalitat valorara cómo liquidar el contrato de gestión y determinara que, en lugar de indemnizar tuviera que cobrar del concesionario, es llamativo.

Tanto que, después de que esta compañía acudiera a los tribunales, la propia Conselleria de Territori ha admitido que la concesionaria tiene derecho a recibir 53,86 millones en lugar de pagar 38 millones, como estableció inicialmente. Se aleja mucho de los más de 1.000 millones de euros que exige Acciona, pero ya sitúa el pleito en otro terreno. Probablemente facilita que en algún momento haya una negociación, a no ser que los tribunales den la razón a la empresa y paralicen el traspaso de la gestión a manos públicas el 1 de enero.

Sería conveniente solventar el embrollo. En la operación hay inversores foráneos socios de Acciona en la antigua ATLL, como el fondo británico Pioneer Point Partners, que han barajado recurrir a algún arbitraje internacional si es preciso. Eso no sería positivo para las inversiones o futuras operaciones que se plantee la Generalitat. Puede que Catalunya no sea Venezuela, o que no lo parezca hasta ahora, pese algunos gestos, más que actuaciones del 'president' Quim Torra y algunos 'consellers' pero sí que ha perdido credibilidad con la mayor privatización de la historia de la Generalitat... ¿O era la mayor chapuza?