EDITORIAL

Ana Botella y el fondo buitre Blackstone

El Tribunal de Cuentas establece que la exalcaldesa de Madrid y seis ediles deben pagar 22,7 millones de euros por la venta de vivienda pública protegida

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Ana Botella, durante la lectura del comunicado en que anunció su intención de no presentarse, ayer.

Ana Botella, durante la lectura del comunicado en que anunció su intención de no presentarse, ayer. / EFE / LUCA PIERGIOVANI

Ana Botella, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), vendió en el 2013, cuando era alcaldesa, 1.860 viviendas públicas protegidas –100 bloques de pisos–  a dos sociedades de Blackstone, que se consolidó en el sector justamente a partir de esta oscura operación. A partir de entonces y con otras maniobras, como la limpieza de entidades bancarias con un grueso considerable de cartera hipotecaria, el fondo buitre llegó a convertirse en la primera inmobiliaria española, con un activo de unos 22.000 millones. 

Decisión inmoral

En una ciudad como Madrid, que adolece de vivienda pública, esa gestión municipal podía catalogarse como mínimo de inmoral, por el hecho de no destinar a los ciudadanos que lo necesitaban esa considerable cantidad de pisos protegidos y entregarlos a un consorcio privado y especulativo. Pero la sentencia del Tribunal de Cuentas, que obliga a Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno a pagar 22,7 millones de euros por haber vendido por debajo del precio de mercado, certifica además que la operación fue del todo irregular, sin la obertura de pliegos y sin un procedimiento con publicidad ni una tasación fiable, ni estudios técnicos, ni la garantía de libre concurrencia.

Una enorme cantidad de despropósitos para privilegiar la especulación sin ningún tipo de remordimiento ético. La defensa de la exalcaldesa cifra la responsabilidad en un plano meramente administrativo, pero la investigación deja en evidencia una práctica no solamente mezquina sino punible.