Delitos contra la infancia
Dónde están los políticos cuando más se les necesita
Se puede acabar esta legislatura con una infancia más protegida. Aquí y ahora pedimos que sea la prioridad de líderes y partidos
Ana Sastre
Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children
Ana Sastre
En el último año, al menos 21 menores de edad murieron de forma violenta en España. Uno de cada dos delitos contra la indemnidad sexual denunciados afectan a menores de 18 años, lo dicen los datos del Ministerio del Interior del 2017. Estas cifras reflejan también porcentajes relativamente altos en muchos otros tipos de violencia; en total, más de 38.000 denuncias por delitos contra la infancia.
La minoría de edad es un factor de riesgo frente a la violencia, más aún si converge con otras características personales como el género femenino, la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género, o la pertenencia a alguna minoría étnica.
Sin embargo, nuestras políticas y leyes no atienden esta especial vulnerabilidad. En el caso específico de los abusos sexuales, se calcula que en España solo se están denunciando el 12% de estos delitos y que suelen durar una media de cuatro años antes de que esto ocurra. Es decir, durante cuatro años ninguna de las personas del entorno de la víctima menor de edad es capaz de detectarlo.
El momento de la verdad
Estamos en un momento clave; un momento histórico. El Gobierno actual recogió el testigo del anterior Gobierno y continuó trabajando en un borrador de ley para erradicar la violencia contra la infancia. Si el compromiso del presidente Sánchez se cumple, en el Consejo de Ministro del 28 de diciembre se aprobará el proyecto del Ejecutivo y, en el mejor de los casos, comenzará su tramitación parlamentaria en febrero.
Entonces llegará el momento de la verdad. Es fácil ponerse el traje para trabajar por la infancia, lo difícil es dejar los intereses partidistas para aprobar una ley tan importante como esta, que no solo beneficiará a las víctimas de la violencia sino a la sociedad en su globalidad. Y digo esto porque todo pende de un hilo. Con una legislatura atípica, sacar adelante la ley va a requerir de mucha visión de estado. La gran duda es si los cuatro principales partidos serán capaces de anteponer la erradicación de la violencia contra la infancia al juego preelectoral casi permanente.
Cierto es que el tiempo corre en nuestra contra: las tramitaciones pueden enrocarse en ampliaciones de plazos interminables, y entonces las víctimas seguirán interminablemente esperando a que haya un acuerdo. Necesitamos la misma determinación política que fue capaz de reformar la Constitución en menos de un mes en el 2011, cuando se introdujo el límite del déficit.
Para lograr el acuerdo unánime de todo el arco político no se me ocurre ninguna otra razón tan poderosa como garantizar entornos sin violencia para niños y niñas. Hará falta generosidad, colaboración, vocación de servicio público y visión de Estado que permitan una tramitación ágil, la reducción de plazos y la búsqueda de acuerdos que antepongan ante todo aquello que sea lo mejor para la infancia. Si no se tramita con urgencia, si los partidos intentan hacer de esta tramitación una batalla política, el escenario de unas elecciones primaverales se llevará por delante de nuevo la posibilidad de aprobar esta ley.
Señorías, sí se puede acabar esta legislatura con una infancia más protegida. Aquí y ahora pedimos que la violencia contra la infancia sea la prioridad de líderes y partidos.
*Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.
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