Paz y tregua

Humillación, traición, rendición de Pedralbes... Palabras altisonantes, retórica patriotera de Pablo Casado, Albert Rivera y sus voceros mediáticos para referirse a la reunión de los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra en Barcelona. Catalunya, que debería ser una cuestión de Estado, sigue siendo para ellos un instrumento para sumar votos en el resto de España. Lo verbalizó el líder del PP en Vitoria: “Nosotros tenemos que llegar al Gobierno para recuperar el Estado”.

La realidad es muy otra: ha sido el independentismo quien ha corregido su propia hoja de ruta. A la literalidad del comunicado conjunto de la reunión de Pedralbes me remito. Ambas partes  -el presidente del Gobierno de España y el de la Generalitat, que es el representante ordinario del Estado en Catalunya- coinciden en el diagnóstico -la existencia de un conflicto-, mantienen diferencias notables sobre su origen y vías de solución, y apuestan por el diálogo para vehicular una propuesta que tenga “un amplio apoyo en la sociedad catalana” en “el marco de la seguridad jurídica”.

Sí, se trata de una enmienda a la totalidad del procés y de la vía unilateral que culminó con la aprobación por el Parlament, en el pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017, de las leyes de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica: no sumaron la mayoría de dos tercios que exige el Estatut para regular el régimen electoral o para su reforma. Fue el final de recorrido de la vía unilateral que se abrió con la Resolución sobre el inicio del proceso, de 27 de setiembre del 2015, y prosiguió con las conclusiones de la comisión de estudio sobre el proceso constituyente, de 27 de julio del 2016.

En la primera de estas resoluciones podía leerse: “El Parlament de Catalunya insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta cámara”. Y en la segunda se decía: “La Asamblea Constituyente, una vez convocada, elegida y constituida, dispondrá de plenos poderes. Las decisiones de esta asamblea serán de cumplimiento obligatorio para el resto de poderes y para todas las personas físicas y jurídicas. Ninguna de las decisiones de la asamblea serán tampoco susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal”.

Seguridad jurídica

La mayoría independentista del Parlament, ya antes del pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017, no solo había roto con las reglas de juego del Estatut y la Constitución, sino que había enterrado a Montesquieu y su separación de poderes. La declaración de Pedralbes resitúa al 'procés' en el marco de la seguridad jurídica e invita a todos los actores políticos catalanes a elaborar una propuesta que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana; el mínimo de los dos tercios que prevé el Estatut para su reforma.

Me quedo con esta lectura de los hechos. Y lo hago en el marco del paréntesis navideño y desde Catalunya. Un país que, como recordó Pau Casals en las Naciones Unidas, celebró en el siglo XI la primera asamblea de Pau i Treva. Sí aquella Paz y Tregua de Dios que está en los orígenes de la civilidad de la sociedad catalana. ¡Ojalá la recuperemos!