Crecen los problemas en el este de la UE

Si la gestión semestral de la Unión Europea (UE) en la segunda mitad de este año ha correspondido al problemático Gobierno austriaco del Partido Popular (ÖVP) y la extrema derecha (FPÖ), el 2019 comenzará con una presidencia semestral europea no menos problemática: el Gobierno rumano. Austria se ha distinguido durante su mandato por impulsar el boicot al pacto global sobre la inmigración de Naciones Unidas, que ha sido secundado por Bulgaria, Italia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Letonia y Rumania. El Gobierno socialdemócrata rumano se ha caracterizado en el 2018 por desmantelar la lucha contra la corrupción, en la que están implicados numerosos políticos, como el líder del partido socialdemócrata gobernante, Liviu Dragnea, que acumula dos condenas por corrupción, preside el Parlamento rumano y gobierna el país entre bastidores.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, amenazó en octubre a Rumanía con ser "brutal" al evaluar su respeto del Estado de derecho y en "utilizar los instrumentos" a su disposición contra las reformas judiciales emprendidas por Bucarest, insinuando la disposición a activar el artículo 7 del tratado por violación grave de los principios democráticos y del Estado de derecho.

El Parlamento Europeo aprobó el 13 de noviembre una resolución en la que criticaba con dureza a Rumanía las nuevas medidas legislativas para diluir la lucha contra la corrupción, restringir la libertad de prensa e intimidar a las organizaciones cívicas. En el marco proceso de tutela a que está sometido desde su adhesión en el 2007, la Comisión Europea presentó el mismo día un informe muy crítico sobre la situación de Rumanía y exigió la suspensión inmediata de las leyes judiciales adoptadas, de la reforma del Código Penal y de los cambios de fiscales y jueces.

Pero al acercarse el momento de que Rumanía asumirá la presidencia rotatoria europea el próximo 1 de enero, la Comisión Europea ha silenciado sus críticas públicas para no hacer más evidente la incongruencia de la situación de dejar la gestión de la UE en un momento tan crucial como el primer semestre del 2019 (brexit, brexitdebate sobre el futuro de la UE, elecciones europeas) a un país que estima que está infringiendo los principios democráticos. El Gobierno rumano, no solo prepara una ley para amnistiar a políticos condenados por corrupción, sino que usa la ley de protección de datos para perseguir a periodistas críticos, como a los reporteros de Rise Project, y tramita introducir como delito el denigrar la imagen de Rumanía.

Pasividad

La defensa de la libertad de prensa en la UE, más allá de declaraciones vacías, no figura entre las prioridades de la Comisión Europea, ya que ha permanecido pasiva mientras Hungría eliminaba o sofocaba económicamente a los medios críticos y la libertad de prensa se hundía en Bulgaria, Croacia, Polonia y Rumanía.

En el último episodio de hostigamiento judicial polaco a la cadena privada TVN24, contrasta la protesta formal de la embajadora norteamericana, Georgette Mosbacher, en noviembre con el endémico silencio de la Comisión Europea. Reporteros sin Fronteras criticó que el Ejecutivo comunitario "ignora los ataques repetitivos contra los medios de comunicación" del Gobierno polaco y activó el artículo 7 del Tratado de la UE por violación de los principios democráticos exclusivamente por la independencia del poder judicial, olvidándose de la libertad de prensa tan esencial para la democracia.

Control

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acaba de dar un paso más en su control sobre la prensa al crear un conglomerado tutelado por el Gobierno, que incluye 476 diarios, revistas, televisiones, radios y canales de noticias en internet, "donados" por empresarios afines.

La iniciativa, calificada por el Gobierno de "importancia estratégica nacional", controlará todos los diarios regionales, varios diarios nacionales y locales, la única radio de cobertura estatal y una de las dos webs de noticias más leídas. Tras forzar la salida de Hungría de la Universidad Centro Europea, la creación de un conglomerado de prensa bajo tutela gubernamental revela que Orbán "ha abandonado toda pretensión de preocuparse por las formalidades de la gobernanza democrática", señala Zselyke Csaky, investigador de la Freedom House.

Orbán, seguro de la impunidad que le otorga pertenecer al Partido Popular Europeo, acaba de aprobar una ley que desarticula el Tribunal Supremo y crea un nuevo tribunal bajo su control, que dirimirá desde elecciones a asuntos de corrupción. El Parlamento Europeo aprobó en septiembre activar contra Hungría el procedimiento por violación grave de los principios democráticos, pero desde entonces ni el Consejo Europeo ni la Comisión Europea han hecho nada.