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LARGO PLAZO

Protesta contra los desahucios ante el Congreso de los Diputados en el 2017.

JUAN MANUEL PRATS

Superpoderes

Olga Grau

Una de las lecciones de la gran recesión española es que las instituciones que velan por la supervisión y el control del sistema deben estar dotadas de poder e independencia de los políticos y de las presiones ciudadanas

El Banco de Portugal detectó a principios del 2018 que los bancos volvían a las andadas tras la larga crisis financiera. El supervisor luso tuvo conocimiento de que se estaban concediendo hipotecas con plazos muy largos, de hasta 50 años, a personas que al llegar al final de vencimiento del crédito estarían jubiladas y con pensiones reducidas. También detectó algunos casos en que los que el volumen de dinero que se prestaba superaba el 100% del valor del inmueble y que el porcentaje de la renta que el cliente destinaba a pagar la hipoteca era muy elevado, de manera que ante una subida de los tipos de interés progresiva, no se podría hacer frente con holgura al pago de la hipoteca.

Ante este déjà vu de la crisis financiera, el Banco de Portugal emitió una recomendación a la banca para que a partir de julio limitara estas conductas, que ni de lejos eran masivas. Advirtió de que, de no hacerlo, el consejo se convirtiría en obligación. Ahora, estas mismas atribuciones que van más allá de la recomendación las tendrá también el Banco de España tras la aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministros del decreto ley para reforzar a los supervisores financieros. España era el único país de la eurozona que no había incorporado estos superpoderes a su supervisor, a pesar de que la burbuja inmobiliaria en España fue probablemente la más cruenta de la eurozona por sus efectos devastadores en materia de desahucios. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tendrá ahora la responsabilidad de atar corto a los bancos cuando estos empiecen a cabalgar en la cresta de la burbuja. Y no es descabellado que ocurra tarde o temprano, dado que la combinación de unos tipos de interés bajos, una competencia elevada entre bancos para hacer negocio mediante la concesión de hipotecas, y un mercado inmobiliario con precios al alza son terreno abonado para las malas prácticas.

Las amonestaciones ahora podrán convertirse en mandatos de obligado cumplimento. Y la institución supervisora tendrá que lidiar con la opinión contraria del Gobierno o de los políticos de turno, a los que quizás no les interese por cuestiones electorales un enfriamiento de la economía. También le podrán llover las críticas de los ciudadanos, si con la limitación del crédito hipotecario ven como se restringe el acceso a la vivienda de propiedad a los colectivos con menores ingresos sin una alternativa al acceso a un piso de alquiler. Ahí, la presión será al Gobierno y este se la devolverá como un bumerán al Banco de España.

Las presiones pueden ser muchas, pero una de las lecciones de la gran recesión española es que las instituciones que velan por la supervisión y el control del sistema deben estar dotadas de poder e independencia de los políticos y de las presiones ciudadanas. De hecho, la gran crítica que se le hace al Banco de España en la etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez es que este actuó como un político y no como un supervisor. Una etapa del pasado reciente que no hay que olvidar. Ni repetir.