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El conflicto catalán

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo, en el Congreso.

ÓSCAR DEL POZO (AFP)

¿En qué Estatut piensa Sánchez?

Jordi Mercader

Dicen que el presidente del Gobierno es un político sin miedo. Le vendrá bien para convencer, al menos a los suyos, de que lo imposible en el 2005 es imprescindible en el 2019

Pedro Sánchez insiste en la aprobación de un nuevo Estatut como remedio para el malestar catalán. Los catalanes somos especialistas en estatutos; desde 1919 lo hemos versionado en prosa moderada o verso radical pero ningún texto ha sido aceptado nunca por el poder central sin más. El intento del 2005 alcanzó un consenso extraordinario en el Parlament, el 89% de los diputados lo votaron y no sirvió de nada. Con todo, la sugerencia del presidente del Gobierno merecería ser escuchada, aunque no le corresponda a él impulsarla y la mayoría en el Parlament le augure una viabilidad nula, casi tan improbable como la secesión.

La cuestión no es si ha de ser un Estatut como lo entendemos hoy o una Constitución interior de Catalunya como apuntaba Rovira i Virgili en su visión federal. Lo relevante es el contenido de la ley orgánica. ¿Qué diría el Estatut en el que piensa Sánchez? ¿Tal vez recogería el sueño de una Catalunya sin ningún tipo de obstáculos a la libre y plena interdependencia que una nación necesita hoy? ¿Se leería en el artículo 1.1, Catalunya es una nación? ¿Sería la Generalitat la administración única de Catalunya? ¿Dispondría el país de un poder judicial propio? Todo esto ha sido escrito, aprobado y enviado a las Cortes. Y tumbado en nombre de la intransigencia constitucional por la acción coordinada de muchos partidos, entre ellos el del presidente del Gobierno y la eterna Convergència.

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Quienes conocen a Sánchez hablan de un político sin miedo. Le vendrá bien para convencer, al menos a los suyos, de que lo imposible en 2005 es imprescindible en 2019. No se trata de resucitar la literalidad de aquella oferta, con asumir la idea central sería suficiente; aunque antes, mejor sería adecuar el campo de juego constitucional a la jugada política. Apostar por menos sería un error mayúsculo, sería como despreciar la realidad del descontento confundiéndola con un suflé instrumental o limitarse a combatir las consecuencias de la inflamación política y no las causas de la misma.