Torra y la policía política

En el 40º aniversario de la Constitución es muy triste constatar que el mayor retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión se da hoy en las calles de Catalunya. Es erróneo minusvalorar el clima de hostigamiento que a menudo sufren las fuerzas políticas y sociales constitucionalistas. Las coacciones y los insultos que reciben por parte del separatismo violento y la izquierda reaccionaria no son sucesos aislados. Por desgracia asistimos a una repetición periódica de ataques a sus sedes, boicot de actos públicos o escraches a políticos de Ciutadans, PSC y PP. Todo ello evidencia que la sociedad catalana sufre un inquietante déficit de calidad democrática. Abundan comportamientos intolerantes -enmascarados bajo un pretendido antifascismo- que son la expresión de una cultura de odio ideológico. Y lo grave es que casi siempre esos incidentes son incitados o justificados desde el Palau de la Generalitat, la Sindicatura de Greuges, el Ayuntamiento de Barcelona o los medios púbicos de comunicación con la excusa de luchar contra la extrema derecha y el franquismo.

Este es el marco general en el que se encuadra lo sucedido en Girona y Terrassa, donde una vez más unos colectivos ultranacionalistas se arrogaron el derecho a impedir que otros ciudadanos pudieran manifestarse libremente con motivo del Día de la Constitución. La presencia de Vox en esos actos, tan anecdótica como contradictoria, no justifica ningún boicot. Los Mossos actuaron de forma correcta para garantizar la celebración de unas convocatorias autorizadas y tuvieron que enfrentarse a la violencia de los CDR, CUP y otros grupos totalitarios. Lo realmente inquietante es la posición del Govern y los partidos que le apoyan, JxCat y ERC. El ultimátum de Quim Torra al 'conseller' de Interior Miquel Buch para que depure con celeridad la cúpula de los Mossos a fin de someter a la policía a unos dictados políticos, y lograr así su connivencia con los grupos que hostigan a los constitucionalistas, nos sitúa en un escenario de alto riesgo para las libertades.

Tanto la oposición en el Parlament como los sindicatos de los Mossos han puesto el grito en el cielo ante el enésimo intento de politización de la policía autonómica, aunque esta crisis amenaza con superar a todas las anteriores. Para el 21 de diciembre, día en que el Gobierno español tiene previsto reunirse en Barcelona, hay prevista una convocatoria para incendiar las calles y colapsar Catalunya. Los grupos radicales que Torra protege no toleran que los Mossos sean la garantía de la ley y el orden, y el 'president' es rehén de su insensato discurso. La cuestión de fondo es que el 'procés' fracasó y que ahora está en fase de avanzada descomposición. El incremento de la violencia, fruto del resentimiento, es la señal más evidente. El peligro es que Torra (que admira la vía independentista eslovena con decenas de muertos) intente convertir los Mossos en la policía política de la Generalitat separatista para forzar la aplicación de nuevo del 155 y entrar de lleno en la espiral del cuanto peor, mejor.