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Editorial

Impulso para las viviendas sociales

Con el pacto del ayuntamiento y la Generalitat se espera que en Barcelona haya más pisos protegidos con la corresponsabilización del sector privado

Promoción de un centenar de pisos sociales en Diagonal Mar.

Promoción de un centenar de pisos sociales en Diagonal Mar. / DANNY CAMINAL

Después de muchas negociaciones y a raíz de la iniciativa popular de diversas entidades en defensa del derecho a la vivienda (entre ellas, la PAH y la Federación de Asociaciones de Vecinos), el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó en septiembre la medida que obligaba a reservar el 30% de las nuevas promociones inmobiliarias a pisos sociales. El recorrido de esta propuesta ha sido espinoso por cuanto requería de la aprobación de la Subcomisión de Urbanismo, un aparente trámite en el que la Generalitat se escudó para alargar el proceso. Según el Departament de Territori, se trataba de asegurar las garantías jurídicas y según la alcaldía era una maniobra insostenible para rebajar el contenido de una normativa que ha de elevar el porcentaje de edificación social de Barcelona (por debajo del 2%, muy inferior a otras capitales europeas) con cerca de 400 viviendas nuevas al año.

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En el mismo momento que anunciaba su candidatura a las elecciones, Ada Colau también hacía público el acuerdo definitivo con la Generalitat para desencallar el asunto, un pacto que hace albergar la esperanza de que en Barcelona aumente la vivienda protegida con la corresponsabilización del sector privado, aun a pesar de la resistencia de la patronal, y con el compromiso firme del ayuntamiento en un asunto de alto interés colectivo. Se abren ahora incógnitas que deberán resolverse en el futuro (la experiencia de otras ciudades no implica un aumento del alquiler o la compra, sino que la aparición de precios asequibles fortalece un efecto deflacionista) con una inspección potente que garantice este logro con acento social y vecinal.