06 ago 2020

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Análisis

Los chalecos amarillos abren las barreras de los peajes, en Aix-en-Provence.

CLAUDE PARIS / AP

La historia se repite

José A. Sorolla

Como es tradición en los presidentes franceses, Macron ha preferido recular a mantener sus políticas cuando se enfrentan a la contestación social

En Francia, la historia se repite. Por una parte, no cesa la capacidad de movilización de una sociedad cuando interpreta que sus derechos están siendo violados, pese a que Francia sigue siendo un modelo de Estado del bienestar en comparación con los países limítrofes. Por otra, la historia se repite porque todos los presidentes prefieren recular a mantener sus políticas cuando se enfrentan a la contestación social. Ahora ha sido Emmanuel Macron, que ha decidido una moratoria de seis meses en la aplicación de la tasa de los carburantes, se ha comprometido a que la electricidad no suba hasta mayo del año próximo y renuncia a endurecer las medidas de control técnico de los vehículos. Pero Macron no ha comparecido para asumir esta marcha atrás, especialmente dolorosa para el campeón de la lucha contra el cambio climático, y ha enviado al primer ministro, Edouard Philippe, a la televisión para que diga que "ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación".

O rectificar o caer

Antes de Macron hicieron lo mismo Jacques Chirac y su primer ministro Alain Juppé en diciembre de 1995 cuando retiraron la reforma de la Seguridad Social tras un mes de huelgas y manifestaciones. Hizo lo mismo Nicolas Sarkozy cuando en enero y febrero del 2008 renunció a la liberalización del sector del taxi, un auténtico monopolio, después de que los conductores bloquearan las carreteras y el acceso a los aeropuertos. Sarkozy es seguramente el presidente a quien más se parece Macron, tanto por su arrogancia como por su intervencionismo en las labores del Gobierno, por sus iniciativas personalistas y por sus comentarios de menosprecio a los franceses. El único presidente que mantuvo una reforma clave como la laboral, pese a las protestas violentas en la calle, fue François Hollande (y su primer ministro Manuel Valls), pero eso le costó a uno la reelección, a la que no se presentó, y a otro su carrera política.

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Lo más sorprendente del movimiento de los 'chalecos amarillos' es el nivel de violencia alcanzado, con cientos de detenidos y de heridos (hasta cuatro muertos se han contabilizado en incidentes relacionados con las protestas), bloqueos de carreteras y de fronteras, coches quemados y mobiliario urbano destruido. La violencia ha sido achacada por el Gobierno a provocadores de extrema derecha. Sea o no así, lo cierto es que el movimiento, asambleario, con los partidos y los sindicatos al margen, surgió de forma espontánea, con el apoyo de las redes sociales, y no cuenta con dirigentes reconocidos (únicamente tiene unos portavoces cuya elección es discutida por las propias asambleas), lo que dificulta cualquier acuerdo para solucionar el conflicto. Uno de los portavoces ha dicho que la moratoria no es suficiente porque "los franceses no quieren migajas, sino la 'baguette' entera".

El movimiento, que representa sobre todo a la Francia rural y periférica, de las ciudades de entre 5.000 y 20.000 habitantes (solo el 8% de bloqueos han sido en ciudades de más de 50.000), que pierden progresivamente servicios sociales y en las que crece el voto al Reagrupamiento Nacional (antes Frente Nacional) de Marine Le Pen, nació contra la tasa de los carburantes, pero se ha convertido en una rebelión contra la injusticia fiscal, agravada por la supresión por Macron del impuesto de solidaridad sobre las fortunas, y ha acogido otras protestas, como las de los estudiantes de secundaria o los conductores de ambulancia. El sábado hay otra protesta convocada y se desconoce si el Gobierno conseguirá desactivarla.