Vivienda, jueces y fondos de inversión

De manera habitual, los medios informan que una persona mayor, o una familia con pocos recursos, ha sido desahuciada de su vivienda por un fondo de inversión, propietario del inmueble. Una noticia que indigna, al interpretarse como una muestra más de ese capitalismo que, sin cara ni alma, rompe con todo. En sentido contrario, se argumenta que son las reglas del libre mercado, que la ley es escrupulosamente respetada, y que son los jueces quienes dictan las sentencias.

Lecturas antagónicas e irreconciliables pues, más allá de los intereses, la cuestión que subyace es ideológica:  si un bien tan fundamental como la vivienda debe dejarse a la libre determinación de un mercado en el que, además, los fondos han adquirido un protagonismo extraordinario. Una presencia que proviene de la necesidad que tuvo la banca por sanear sus balances, atendiendo a las exigencias de su regulador. Así, enormes paquetes de activos inmobiliarios pasaron a manos de unos pocos fondos que, hoy, son los principales propietarios del país. Se entiende su sentido en el caso de inmuebles de oficinas, o de determinada tipología de viviendas, pero constituye un sinsentido cuando se trata de familias de rentas muy bajas.

En cualquier contexto, la provisión de vivienda para esas familias, debe constituir siempre una prioridad de los poderes públicos, articulada mediante la promoción directa, o bien estableciendo un marco regulatorio que, incorporando al sector privado, atienda las necesidades específicas de dichos colectivos. Pero nunca tolerando que la única alternativa provenga de un mercado enteramente privado y desregulado, como así viene sucediendo.

Pero, además, el entorno de nuestros días es de una aún mayor complejidad, pues las personas más vulnerables no sólo necesitan vivienda asequible. Requieren de un acompañamiento liderado por el sector público, e instrumentado a través de entidades y empresas especializadas, para atender sus necesidades básicas y facilitar su incorporación al mundo laboral. Hoy, no basta con una política de vivienda a la vieja usanza. Ésta debe enmarcarse en una actuación más amplia y orientada a las personas excluidas o en riesgo de exclusión, que son muchas. Sólo así podrán albergar la esperanza de una vida digna. Y, además, podrán pagar un alquiler.

En estas circunstancias, que el mayor parque de viviendas habitado por familias desfavorecidas, esté en manos de fondos de inversión resulta esperpéntico. El desastre viene de lejos y, de momento, a los poderes públicos sólo se les ve en forma de jueces que, cual es su estricta obligación, seguirán ordenando desahucios cuando se den las circunstancias contempladas en la legislación. Nuevamente, la justicia acarrea indebidamente con las consecuencias de una política sumamente mediocre. Aquella que, además, penaliza fiscalmente las rentas del trabajo, y concede trato de favor a las del capital. Aquí, y en toda Europa. ¿A quien puede sorprender el auge del populismo en nuestro continente?