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Editorial

Los funcionarios catalanes salen a la calle

Culpar a Madrid de la mala financiación no exime de su responsabilidad al Govern

Los Mossos impiden la entrada de los médicos en el Parlament.

Los Mossos impiden la entrada de los médicos en el Parlament. / FERRAN NADEU

La semana caliente de movilizaciones de los funcionarios catalanes, que comenzó el lunes con la huelga de médicos de atención primaria, a la que se sumaron este miércoles las protestas de bomberos y de estudiantes y personal universitario, llega este jueves a su jornada de movilización global, con la convocatoria de un paro en toda la función pública catalana. Este otoño, el calendario está salpicado de protestas de funcionarios que son en esencia la misma reclamación: revertir los efectos en el sector público de los recortes en la Administración catalana. Sus reivindicaciones deben ser tenidas en cuenta, no solo porque la recuperación económica debería conllevar la mejora de las condiciones laborales, sino también porque el sector público es un pilar del Estado del bienestar.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) -que no es mayoritaria en el conjunto de funcionarios- llama al personal administrativo a hacer paros parciales de dos horas este jueves, mismo día en el que está convocada una huelga de profesores de secundaria y que se solapará con la de los CAP (si un acuerdo no la desconvoca). Estas y otras movilizaciones, como las de mossos del pasado 6 de octubre, son la antesala de la huelga general de trabajadores de la Generalitat convocadas por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT para el próximo 12 de diciembre. Estos consideran "insultante" la propuesta del Govern de retornar las pagas extras del 2013 y 2014 progresivamente hasta el 2026. Los funcionarios catalanes son los únicos de todas las autonomías que no han recuperado las pagas atrasadas.

Se escuda el Govern en el argumento de que Catalunya está infrafinanciada, aunque culpar a Madrid no exime de la responsabilidad propia. No le falta razón a la Generalitat cuando reclama al Estado una mejor financiación y más inversiones, pero la acción de gobierno implica gestionar el presupuesto según unas prioridades, y los sucesivos Ejecutivos catalanes (desde el de Artur Mas hasta el de Quim Torra), con el debate identitario por bandera, han desatendido al sector público hasta dejarlo en una situación límite. Que Catalunya destine el 28% de su presupuesto a sanidad, por debajo de la media de las comunidades autónomas (33%), da buena muestra de ello. Haría bien el Govern en atender las reclamaciones de los funcionarios. Los ciudadanos tienen mucho que ganar, o que perder, en este asunto.