La UE intenta evitar el caos

Cuando sólo faltan 124 días para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) a partir de la medianoche del 29 de marzo, los Veintisiete y la premier británica, Theresa May, intentarán exorcizar el espectro de un 'brexit' caótico mediante la firma este domingo en la cumbre del Acuerdo de Retirada y la Declaración Política sobre el Marco de las Relaciones Futuras. El largo periodo transitorio previsto, prolongable hasta finales del 2022, garantiza una estabilidad y evita cambios abruptos para las empresas y los ciudadanos. Pero no hay ninguna garantía de que el tratado de salida pueda ser aprobado por el Parlamento británico en diciembre, porque a May le faltan como mínimo una cincuentena de votos.

Ni los equilibrios de las 585 páginas del tratado de salida, ni la meticulosa ambigüedad de las 26 páginas de la declaración sobre las relaciones futuras, cuya extensión inicial se ha multiplicado por cuatro para que brille más a los ojos británicos, convencen en la Cámara de los Comunes. La división de la mayoría gubernamental y el rechazo de la oposición a los textos pactados con la UE han llevado a la revista 'Foreign Affaire' a preguntarse esta semana si "¿Aún es evitable un 'brexit' sin acuerdo?".

Las negociaciones entre Londres y la UE han estado constreñidas, primero, por el pensamiento mágico británico de que podría mantener un acceso fácil al mercado europeo y unas relaciones privilegiadas sin las obligaciones de pertenecer a la UE. Y, segundo, por la necesidad de los Veintisiete de demostrar que un país que abandona la UE pierde el trato privilegiado y queda sometido a peores condiciones que los estados miembros para evitar que se plantearan otros referéndums de salida.

Negociación a trompicones

Las negociaciones de los últimos 18 meses han avanzado con lentitud y a trompicones debido a ese irrealismo británico, a las vicisitudes internas de la mayoría gubernamental y a los fallidos intentos de May de dividir a los Veintisiete. Ahora, una vez alcanzado un compromiso entre la 'premier' británica y los Veintisiete, las expectativas imposibles creadas por los defensores del 'brexit' bloquean en el Parlamento británico la aceptación de los únicos acuerdos y condiciones que pueden ser admisibles para la UE. El Gobierno británico siempre ha subestimado los costes económicos del 'brexit', que en estos dos años ya han mermado el 1%-2% el producto interior bruto (PIB) respecto al que hubiera sido sin la perspectiva de abandonar la UE. El ala más euroescéptica de los conservadores subestima el impacto catastrófico de una salida sin acuerdo para el país, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en una pérdida del PIB del 4% y que un estudio del Economic and Social Research Council del King's College de Londres eleva al 8% en los próximos 15 años, con un efecto acumulativo en el conjunto del periodo que podría suponer una merma en el crecimiento británico de un 25%.

El compromiso alcanzado, aunque logre ser aprobado por el Parlamento británico, tampoco resuelve todos los problemas. Si no se produce un milagro tecnológico que permita un control fronterizo en Irlanda del Norte sin frontera física, el Reino Unido podría verse atrapado en una prolongada permanencia dentro de una unión aduanera con la UE, sin voz ni voto, y con una separación 'de facto' de Irlanda del Norte, que continuaría dentro del mercado interior europeo y debería seguir aplicando la legislación europea. El ala dura de los conservadores y los unionistas (DUP), de quienes depende la frágil mayoría gubernamental, consideran esto un "vasallaje" inaceptable.

La declaración sobre las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE no es jurídicamente vinculante y su texto ambiguamente constructivo deja casi todo por concretar, por lo que la negociación del futuro tratado comercial puede ser aún más complicada. La "cláusula de no regresión", en opinión de varios gobiernos, deja la puerta abierta a futuros 'dumpings' británicos, porque Londres no estará obligada a aplicar la nueva legislación que vaya adoptando la UE. El acceso a las aguas pesqueras británicas será uno de los primeros temas conflictivos, ya que debe llegarse a un acuerdo sobre las cuotas pesqueras antes del 1 de julio del 2020.