Cuando los más vulnerables no son protegidos

No afirmo nada nuevo cuando digo que el sistema de protección a la infancia en nuestro país, responsabilidad de la DGAIA, no funciona. O al menos, no siempre sabe dar respuesta a les necesidades que plantean los niños y niñas que, por muchos y distintos motivos, se encuentran en una situación de desamparo y deben ser atendidos por la administración competente. Se puede simplificar la enorme responsabilidad de la DGAIA en dos tipos de intervenciones: identificar situaciones de riesgo y ofrecer las condiciones necesarias para que las y los menores sean apartados de los riesgos y tengan las condiciones para un buen desarrollo vital.

No quiero quitar importancia a las dificultades que hay tras estos objetivos. Pero sí es mi intención señalar la falta de priorización e inversión por parte de los poderes públicos. ¿Prevalece el interés superior del menor? ¿Es protegido, escuchado, acompañado, querido, acogido y cuidado?

El sistema de protección a la infancia en nuestro país, como en muchos otros, es una asignatura pendiente, que tiene consecuencias nefastas, ya que las niñas y niños de hoy son los adultos de mañana. No quiero caer en el error de decir que nada funciona, porque lo cierto es que cada año muchos menores son salvados de situaciones de riesgo y consiguen proyectos vitales de éxito, así como también existen profesionales excelentes que tienen un papel fundamental en la vida de estos niños y niñas. Lo que posiblemente no funciona es la política pública: falta de lógica y perspectiva, de adaptación a una realidad cambiante, de inversión y priorización.

Protección al menor y control migratorio

¿Y qué pasa cuando los menores desamparados son extranjeros? Que este sistema de protección se convierte en más incompetencia, desprotección, negligencia y violación de derechos. Los menores extranjeros son mirados, en primer lugar, como extranjeros y, automáticamente como personas con menos derechos. Una asociación, ya de por sí, racista. Así, los 'menas' pierden la mirada de protección, y se olvida el deber y responsabilidad expresa y reconocida de las administraciones en la protección a la infancia. España se ha comprometido a priorizar (al menos en el plano teórico) la protección del menor por encima del control migratorio. Pero a la práctica, lo que podría ser una oportunidad se convierte en papel mojado.

Hay una construcción estigmatizada y racista del colectivo 'mena'. Se le construye como problema social (roba, consume, es una carga para el sistema, es violento). En consecuencia, no se adopta una lógica de protección, sino una lógica penal. En vez de acoger y cuidar se persigue a menores infractores. El Estado hace lo posible para hacer efectiva esta persecución, con toda la maquinaria racista de la ley de extranjería, la ley mordaza y el Código Penal a su servicio.

Algunos ejemplos: penurias y riesgo de muerte en el viaje; devoluciones en caliente en la frontera, a menudo sin ningún esfuerzo para identificar si son o no menores; ingreso de 'menas' en el CIE; identificaciones policiales diarias, incluso frente los CRAE donde viven aquellos que son tutelados; documentación precaria, lo que supone que cuando sean mayores de edad quedaran de nuevo en situación irregular: excusas para no garantizar procesos académicos que den oportunidades a una posible entrada al mundo laboral; prevalencia del castigo, el paternalismo y el autoritarismo por encima del cuidado.

Falta de política pública

Es preciso hablar de causas. Es cierto que las llegadas de menores extranjeros desamparados han aumentado los últimos años, pero también lo es que ha faltado política pública. ¿Cuáles han sido las inversiones en políticas de acogida y de protección a la infancia? Es urgente un cambio de rumbo. No podemos seguir buscando respuestas locales a una cuestión global como es la movilidad; y hace falta tener en cuenta las causas que motivan las migraciones, la geopolítica, la imagen que se construye de Europa,... y sobre todo, el deseo y el derecho de las personas a tener un proyecto vital.

No quisiera cerrar este texto sin explicar por qué necesito creer en el sistema de protección a la infancia. Hace ya más de tres años que soy madre de acogida. Mi caso es un ejemplo de que hay una parte del sistema que funciona, pues una menor fue protegida de una situación de riesgo gracias a la intervención de la DGAIA. Pero puedo decir que las dificultades para documentarla y conseguir la nacionalidad son increíbles, aun habiendo nacido en Barcelona, y evidencian como el racismo de la extranjería se impone de nuevo al interés superior del menor. Quiero creer, y debemos creer en el sistema de protección, pero hace falta menearlo, para conseguir que se garanticen derechos e igualdad.