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Polémica sobre la independencia de la justicia

Terremoto judicial

Terremoto judicial

Jordi Nieva-Fenoll

La confianza ciudadana solo se va a recobrar con imprescindibles reformas urgentes de gran calado que aseguren que el poder político no mete sus narices en la justicia

Unos nos empeñábamos en hacer un esfuerzo de moderación, y a veces de pura fe, defendiendo la independencia real de los jueces de los altos tribunales. Otros se esforzaban justamente en lo contrario; unos pasteleando para que fueran fieles al poder político los jueces de los altos tribunales: Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, lribunales superiores de justicia y tribunales de la Audiencia Nacional; otros para poner a España a caer de un burro como país, con finalidades también políticas. Y otros criticando las maniobras de los primeros con una noble voluntad de denunciar las disfunciones para que se corrijan.

Todas la sospechas, confirmadas por un wasap 

Y de repente, sucedió. Inopinadamente un senador, portavoz de su grupo parlamentario –el mayoritario en la Cámara– y director general de la Policía Nacional durante casi cinco años, vino a confirmar todas y cada una de las sospechas de falta de independencia y de parcialidad denunciadas por unos y otros. Mandó un wasap obsceno a todos sus compañeros para decir: "El PP tiene 9 vocales + el presidente = 10, y el PSOE tiene 11 vocales". Si alguna vez alguien había dudado de la filiación política de los vocales, he aquí una contundente y dolorosa confirmación de alguien muy bien informado.

Hasta habló de "jugada estupenda" para describir la negociación de su partido para obtener nueve vocales y la presidencia del CGPJ, porque, además, con esta última controlarían "desde detrás" la Sala Segunda, es decir, la Sala de lo Penal. Es decir, la que va a celebrar inminentemente el proceso más importante de España desde la transición: el del 'procés'. Es decir, la sala que juzga a los más altos cargos aforados de este país, el Rey emérito incluido. Es decir, la que un día revisará la sentencia dictada en el 'caso Gürtel', entre otras. Por si no quedaba claro, añadía que los nuevos nombramientos de jueces del Tribunal Supremo eran "vitales para el PP". Tremendo.

La independencia judicial reclama jueces de reconocido y demostrado prestigio, personas no fanatizadas que no aprovechen sus sentencias para imponer sus tendencias políticas

Tras esto, y el embrollo de las semanas anteriores con otra sala del Tribunal Supremo con respecto al tema de las hipotecas, podría decir que no todos los magistrados se dejan influir por el poder ejecutivo o por los poderes económicos, porque así lo creo realmente y podría demostrar que es cierto. Varios magistrados de esa sala votaron en contra de que el impuesto de marras lo pagara el cliente, y no el banco. Y los que no lo hicieron así no pueden ser acusados de falta de independencia, puesto que tenían buenos motivos jurídicos para sustentar lo contrario.

Pero, como iba diciendo, en las condiciones actuales nadie va a creer ya afirmaciones que defiendan la independencia y la imparcialidad de los jueces de los altos tribunales. Es una dura realidad, pero más duro sería ocultar que llueve sobre mojado desde hace ya tiempo. Tres jueces de máximo nivel, y que son del país que produce muchos de los mejores juristas del mundo (Alemania), lanzaron una impecable advertencia, pero fueron tildados en España de "jueces de pueblo" por razones simplemente ideológicas. Además, nuestro sistema adolece de una tremenda influencia política en la designación de los magistrados de esos altos tribunales que compromete su independencia. No lo digo yo; lo dice el informe GRECO del Consejo de Europa nada menos. Y ocultarlo no le hace ningún favor al país. Al contrario, lo hunde en la miseria de la corrupción encubriendo estos graves defectos bajo una bandera.

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La confianza ciudadana no se va a recuperar implantando una 'omertá' patriotera, una ley del silencio infame. Esa confianza, imprescindible en una democracia, solo se va a recobrar con imprescindibles reformas urgentes de gran calado que aseguren que el poder político no mete sus narices en la justicia, y que si lo hace, escoja al menos a los mejores porque realmente lo sean, y no solo porque resulten ser los más amigos. Hay que visualizarlo así, siendo también muy conscientes los jueces designados de que cuidar de su imagen de independencia –y de su independencia real– es también trabajo de ellos mismos. Gestos como el autodescarte de este martes de Manuel Marchena deben ser más frecuentes e inmediatos, como estamos acostumbrados a ver en otros países.

Eso es lo que otorga confianza. Jueces que auténticamente sean juristas de reconocido prestigio, y que lo demuestren con su trabajo y su imagen impecable. Personas no fanatizadas que no aprovechen sus sentencias para imponer sus tendencias políticas. Seres humanos que los ciudadanos respeten, no por su posición, sino porque se hayan ganado ese respeto con la excelencia de su trabajo.