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LA CLAVE

Pedro Sánchez y Pablo Casado, en la Moncloa

JOSE LUIS ROCA

Supremo ridículo

Enric Hernàndez

Urge enterrar por ley el bipartidista reparto por cuotas del Poder Judicial: elección de los vocales por concurso público, audiencia en las Cortes y mayor consenso parlamentario

A pocas semanas del juicio políticamente más relevante en décadas, el que sentará en el banquillo a los jefes no huidos del 'procés', la justicia ha entrado en colapso. Llueve barro sobre terreno enfangado, tras la vergonzosa rectificación del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas

La difusión del mensaje grupal del senador Ignacio Cosidó (PP), en el que presumía de controlar "por la puerta de atrás" el tribunal del 'procés', ha tenido tres efectos inmediatos: empujar a la renuncia a su pretendido títere, el juez Manuel Marchena; dinamitar el pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y desnudar las miserias políticas del clientelista sistema de provisión del gobierno de la judicatura, sumiendo en un supremo ridículo a la política y la justicia. 

El bloqueo de la renovación del CGPJ, cuyo mandato expira en breve, amenaza con apuntalar 'sine die' en el cargo al presidente Carlos Lesmes, principal responsable de que el Supremo bailara al son de la banca en el escándalo de las hipotecas. Con las generales a la vuelta de la esquina, según la flagrancia que ya desprenden las palabras de Pedro Sánchez, se antoja improbable recomponer el pacto judicial PSOE-PP. Improbable a la par que indeseable.

Porque, para devolver a la justicia el prestigio que precisa, el viejo bipartidismo debería renunciar a seguir controlándola no ya "por la puerta de atrás", sino por la puerta grande: repartiéndose por cuotas las vocalías del Poder Judicial. La solución no es que PP y PSOE cedan tales privilegios a las asociaciones judiciales, igualmente politizadas, sino que la elección del CGPJ prime la cualificación de sus vocales y concite un amplio consenso político.

Cambio de cromos

Urge una reforma legal que habilite un concurso abierto de méritos para que los juristas más prestigiosos puedan optar al CGPJ, superen una audiencia rigurosa en las Cortes y sean elegidos no ya por 210 diputados --que solo PSOE y PP pueden sumar--, sino también con el apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios. Y si ni así cesa el obsceno cambio de cromos, apaga y vámonos.