Funcionarios sin pelo

A los trabajadores del sector público de Catalunya parece que finalmente se les ha acabado la paciencia. Han demostrado tener mucha, pero hasta las tomaduras de pelo más disimuladas acaban produciendo calvos si perduran en el tiempo. Y esto es lo que les ha sucedido a los funcionarios en sus relaciones con el Govern. Sus sueldos, en este caso el impago de una extra del 2013 y otra del 2014, sirvieron para cuadrar mejor las cuentas de esos duros años de crisis. Se justificó como la necesidad de que este colectivo de trabajadores con empleo más seguro que los del sector privado contribuyesen a mantener el nivel de servicios del conjunto con este sacrificio. Y coló sin demasiados problemas. 

Después llegó la vorágine del procés, y la prioridad fue el país. Cambios de Govern, elecciones anticipadas variadas, el 155, de todo un poco. Y el compromiso de devolver este dinero prestado por una parte de los empleados de Catalunya se fue desvaneciendo en el tiempo. El malestar fue aumentando y las promesas de resarcir la deuda también. Uno de los últimos compromisos del Govern de turno fue que durante el ejercicio del 2018 se haría un primer retorno del 10% de una de las pagas pendientes. Pero a mediados del pasado septiembre, el  conseller de Polítiques Digitals i Administració de la Generalitat, Jordi Puigneró, cambió de tercio e insinuó que la previsión entonces era empezar a devolver las extras en el 2019. Hasta aquí las palabras. Los hechos: el 10% comprometido en el 2018 se esfumó. 

Pese a todo, los sindicatos mantuvieron las negociaciones abiertas. Pero su paciencia parece que fue malentendida, porque a finales de octubre Puigneró no tuvo empacho en casi insultarlos con una nueva oferta: devolver las polémicas pagas en cómodos plazos durante un periodo de ocho años. Y llegados a este punto, a los representantes de los funcionarios catalanes ya no les quedó más pelo. Se levantaron de la mesa y unos días después convocaron una huelga general con el objetivo de recuperar estas pagas. Sin embargo, y de eso se vale el Govern, lo han hecho divididos: CCOO y UGT lanzaron la primera convocatoria para el próximo 12 de diciembre, y posteriormente la Intersindical Alternativa de Catalunya anunció la propia para el 29 de noviembre. 

Entre los últimos motivos esgrimidos por el Govern para justificar el mantenimiento del impago destaca la referencia al obligado cumplimiento de los límites de la ley de estabilidad presupuestaria. Puigneró fue más lejos en una de sus explicaciones y sacó el escudo de la independencia. "Si fuéramos un Estado podríamos retornar las pagas extras del 2013 y el 2014", dijo, y se quedó tan contento. Un argumento que choca con la realidad de que las otras autonomías, que tampoco son Estado y se someten también a la ley de estabilidad, ya han retornado esas pagas. Y también han pagado los atrasos y el incremento de sueldo de este año del 1,95%, mientras que en Catalunya no se saldará hasta final del ejercicio. Ya no queda pelo.