17 feb 2020

Ir a contenido

Al contado

Instalaciones del Castor en Vinaròs.

EFE

El Castor y otras 'animaladas'

Agustí Sala

Si los legisladores no se comprometen con la buena gestión asumiendo más responsabilidades los contribuyentes seguiremos cargando con más hipotecas

El almacén de gas Castor engorda el ya de por sí mermado expediente español sobre la seguridad jurídica, una variable esencial y signo distintivo en un país desarrollado o de uno que quiere atraer inversión. El Tribunal Supremo ha resuelto esta semana que el Estado debe devolver a los consumidores unos 18 millones de recargo en el recibo correspondientes al último trimestre del 2014, que eran para el mantenimiento de esa instalación, que ni siquiera llegó a funcionar y que fue paralizada tras provocar seísmos en la zona sur de Catalunya y norte de la Comunidad Valenciana.

Además de esta denuncia que planteó la patronal vallesana Cecot quedan otras pendientes presentadas por la misma organización empresarial para los ejercicios siguientes. Es muy probable que el resultado sea el mismo y que el Gobierno se las tenga que ingeniar para devolver unos 200 millones de euros, aunque tras el escándalo protagonizado por un Tribunal Supremo que se enmendó a sí mismo con el impuesto de las hipotecas, cualquier cosa puede pasar.

Uno de los problemas es que la compensación que se le reconoció a la sociedad concesionaria del Castor se le endosó a Enagás, en la que el Estado tiene participación, pero luego esta, autorizada por el Gobierno, traspasó la deuda a un 'pool' de bancos que, a cambio de adelantar el dinero, se quedaron los derechos de cobro a través del recibo durante 30 años a un 4,27% de interés anual

Con todo ello, la sensación de que se legisla a favor de parte o, al menos, de forma muy mejorable se acrecienta. Y más cuando esta misma semana la danesa Athena Investments ha ganado un arbitraje presentado contra España por los perjuicios causados por el recorte en la retribución a las energías renovables en la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno. Es por esto, por lo que el Estado tendrá que pagarle 11 millones de euros a la compañía nórdica. Y no es el único varapalo por ello. Ya es el quinto. 

Suma y sigue. Al déficit que se genera por el desfase entre los gastos y los ingresos públicos se añaden diversas hipotecas mucho más etéreas, oscuras y de consecuencias imprevisibles para el bolsillo de los contribuyentes, en forma de un concecionario de un almacén de gas como el Castor que, pese a no llegar a funcionar y provocar seísmos, tenía reconocida legalmente una compensación milmillonaria (por parte del Gobierno socialista y luego por el popular), o unas autopistas radiales de Madrid que acabaron quebrando, el déficit en la tarifa de la luz, que hace que los hijos acaben pagando en una parte de su recibo consumos energéticos de los padres, por poner solo unos ejemplos.

Quizás el problema es que para ser legislador habría que comprometerse con la buena gestión, cargando con más responsabildiad en los fracasos. Si no es así, seguro que veremeos más 'castores' y 'animaladas'.