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Editorial

Batalla obligada contra las minas antipersona

Es un deber ético ineludible exigir la prohibición de estos artefactos y desacreditar a los gobernantes que permiten la fabricación y el mercado

Batalla obligada contra las minas antipersona

EFE MARTÍN ALIPAZ

Son más de 140 países, entre ellos España, los que han ratificado el Tratado de Ottawa de 1997, que establece la prohibición total de las minas antipersona, pero estas armas particularmente obscenas siguen matando y mutilando cada año a decenas de miles de seres humanos. Como sucede tantas veces, los estados con grandes fabricantes de estos dispositivos ocultos bajo tierra –con Estados UnidosRusia y China al frente– no se han adherido al convenio y alimentan la siembra de minas, con una vida media estimada de 50 años, una forma de prolongar los efectos de la guerra después de la paz como sucede en tantos lugares de África y Asia, y en los Balcanes en Europa.

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En la lógica perversa de la guerra, las minas ocupan un lugar destacado porque su utilización obedece al convencimiento de que las mutilaciones dañan más la moral de combate del adversario que la muerte misma. Se recurre a ellas para llevar los males de la guerra a cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier persona, sin que importe su grado de implicación en un conflicto. Luchar contra tal propósito es un deber ético ineludible que, al mismo tiempo, debe servir para desacreditar a los gobernantes que a pesar de todo permiten su fabricación y favorecen el desarrollo de uno de los sectores más opacos de la economía global, el mercado de armas, donde las operaciones encubiertas son moneda corriente. Sin tal compromiso, el efecto del Tratado de Ottawa seguirá siendo mucho menor de lo deseado.