Colaborar, pero de verdad

Estamos viviendo un cambio tecnológico vertiginoso. Inteligencia artificial, robots, móviles de última generación. Unos dispositivos que no actúan de manera simplemente externa sobre la condición humana, sino que la modifican. Lo que no está claro, es verdad, es en qué sentido lo harán. Si abrirán inesperados caminos de libertad o si engendrarán nuevas variantes distópicas de dependencia y vigilancia. Si servirán para reforzar a un puñado de corporaciones ávidas de beneficios, o si darán pie a formas más cooperativas de producir y consumir.

El debate sobre las plataformas digitales que prestan servicios debe situarse en este contexto. Su presencia en el devenir cotidiano de las ciudades es cada vez más mayor. Escoger un medio de transporte para desplazarse, encargar comida a domicilio, buscar alojamiento. Decenas de actividades que pasan a través de plataformas digitales e impactan en la vida de las grandes metrópolis.

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A menudo, la economía que opera a través de plataformas se ha definido como “colaborativa”. Este calificativo, vinculado al intercambio de información que dichos dispositivos propician, tiene sin duda connotaciones favorables. Pero hay que analizar el adjetivo con cuidado. No es lo mismo compartir información sin ánimo de lucro que buscando obtener beneficios. Ni hacerlo de manera transparente que aprovechar las tecnologías digitales para eludir controles fiscales o laborales.

Las ciudades debemos unirnos para negociar  con plataformas como Uber, AirBnB o Glovo

Esta realidad coloca a las administraciones públicas, empezando por las municipales, ante un desafío: cómo aprovechar las oportunidades de innovación y cooperación que las plataformas digitales traen consigo, y establecer, al mismo tiempo, reglas claras que permitan conjurar sus impactos negativos.

En Barcelona tenemos buenos ejemplos de ambas cosas. Como gobierno, no hemos dudado en advertir con firmeza a las grandes plataformas digitales de que no todo vale. Así, hemos llegado a imponer multas severas a AirBnB por publicitar pisos turísticos que no contaban con la debida licencia e implicaban una disminución inaceptable de vivienda para uso residencial. También hemos defendido la necesidad de una regulación que impida que servicios como Uber o Cabify introduzcan nuevas formas de precarización laboral o de competencia desleal con el sector del taxi, del que viven miles de familias.

Al mismo tiempo, hemos defendido con orgullo numerosas iniciativas de innovación digital colaborativa en la que nuestra ciudad es pionera. Un reciente estudio de la Universitat Oberta de Catalunya recoge más de un centenar de proyectos radicados en Barcelona que utilizan datos abiertos y que actúan con responsabilidad social y ambiental. Ejemplo de ello es la comunidad wikipedista catalana, una de las iniciativas colaborativas más activas del mundo. O Som Mobilitat, un proyecto cooperativo para intercambio de coches. O Moodle, una empresa que acaba de abrir una oficina en Barcelona para impulsa su plataforma pedagógica de código abierto.

Estas iniciativas, impensables sin la revolución digital de los últimos años, merecen todo el apoyo. El reto que tenemos por delante, como decía, es encontrar el equilibrio entre el impulso decidido de lo que implique innovación y progreso y la regulación de lo que pueda tener impactos negativos. Con ese fin, Barcelona ha decidido aprovechar su papel de hub tecnológico de vanguardia para acoger un congreso de relevancia internacional: la Cumbre de Ciudades Colaborativas (Sharing Cities Summit). Allí, 42 grandes metrópolis de todo el mundo –desde París a Nueva York, pasando por Sao Paulo, Madrid, Ámsterdam o Milán– hemos acordado algunos principios para identificar lo que entendemos por economías realmente colaborativas: la transparencia, el uso de tecnología abierta, el respeto por los derechos de los usuarios, el cumplimiento, siempre, de las obligaciones laborales y fiscales.

Esta iniciativa permitirá tejer una suerte de “sindicalismo municipalista” para impulsar buenas prácticas globales pero también para negociar, de manera coordinada, con grandes plataformas como Uber, AirBnB o Glovo. No se había hecho antes y es más necesario que nunca. Para que los cambios tecnológicos no sean vistos como una amenaza distópica, y para para que lo que es el producto de una creación colectiva de la humanidad redunde en beneficio de todos y no de un pequeño grupo privilegiado.