La independencia es cosa suya, señorías

Empecemos por una afirmación radical y cierta. Si hoy un juez en España no es independiente será porque no le viene en gana. La ley le garantiza la independencia y les sobran los recursos para defenderla. Si la justicia española se ha politizado ha sido porque sus señorías lo han permitido y les ha salido a cuenta. No ha sido el sistema de elección de los miembros del gobierno de la justicia quien la ha convertido en otro escenario para la confrontación partidista, con el derecho como daño colateral, víctima del fuego amigo. La verdadera razón debe buscarse en aquellos gobernantes que han preferido dejar la política en manos de los jueces a asumir el coste de gestionarla, pero también en el deseo de algunos magistrados por hacer carrera y hacer política desde la seguridad y el confort de su posición jerárquica.

Plantear como una supuesta excepcionalidad española la dicotomía entre jueces buenos y profesionales, que quieren hacer su trabajo con independencia, frente a políticos malos e intervencionistas que se lo impiden, resulta tan burdo como falso. En ningún país democrático relevante se mantiene un sistema de elección dejado exclusivamente a sus señorías, como pretende Ciudadanos. Si algo hemos aprendido es que existe algo aún peor que el partidismo de las fuerzas políticas: el partidismo de las asociaciones judiciales.

La selección del Consejo General del Poder Judicial a través de una votación del órgano que representa la soberanía popular, el Parlamento, no solo refuerza su legitimidad democrática sino que actúa como un imprescindible mecanismo de control ante los excesos corporativistas. En Europa predominan los sistemas de elección mixtos, con una cuota elegida por el poder legislativo y otra por el judicial, en el Reino Unido los nombran el ministro de Justicia y su graciosa Majestad, en EEUU los propone el presidente y en Grecia los designan por sorteo; en ninguna de esas democracias rige, como aquí, la presunción de culpabilidad sobre la dependencia de los elegidos. En primer lugar porque a ningún primer ministro se le ocurriría, por ejemplo, dejar el asunto escocés en manos de un juez. En segundo lugar porque la independencia representa la mejor manera de hacer carrera judicial, no la subordinación.

Cierto es que la puesta en escena de nuestro sistema resulta manifiestamente mejorable. Más allá de los requisitos fijados por ley, debería establecerse un sistema de audiencias públicas que trascienda las negociaciones discretas en cerrados despachos. Solo así se podrá eliminar la imagen de trapicheo entre partidos, tan fácilmente manipulable por demagogos a derecha e izquierda. Otro tanto cabe decir respecto a la elección del presidente. No se trata de la idoneidad del candidato; Manuel Marchena es un jurista conservador pero dialogante y su nombramiento trae como consecuencia una renovación que equilibra el tribunal del 'procés'. Se trata de dejar que lo elijan los vocales y no convertir en otro apaño una votación legitima, útil y democrática.