Polémica sobre el impuesto de las hipotecas

¿Y si la culpa no fuera de los bancos?

Un politico cargó el impuesto a los clientes y otro se lo quitó

Felipe González saluda a Pedro Sánchez

Felipe González saluda a Pedro Sánchez / JOSÉ LUIS ROCA

Albert Sáez

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En tiempos de incertidumbre, las teorías conspirativas ganan adeptos. Sirven para aupar una revolución o construir una rebelión. Pero muy pocas conspiraciones han quedado demostradas a lo largo de la historia. Ni con el paso de los siglos. Hoy en España se da por hecho que los pérfidos bancos urdieron un plan secreto para conseguir que el Tribunal Supremo fallara finalmente a su favor en el litigio por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, conocido como el impuesto de las hipotecas. La prueba del nueve de la conspiración es la triplemente lamentable actuación del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: faltó a la reunión de la sección de temas tributarios donde se sentenció que el impuesto lo pagaran los bancos; suspendió su aplicación sin tener base para hacerlo y decantó la votación final a favor de las entidades financieras con un comentario fuera de tono, pero no de micro, en el sentido de que no se podía permitir un empate. Según parece, este individuo, Luis Díez-Picazo impartió clases en un centro académico patrocinado por la patronal bancaria y ha elaborado algunos dictámenes -parecería que sin vulnerar sus incompatibilidades- para las entidades financieras.

Hasta ahí lo que la opinión publicada considera hoy probado. Pero que no tiene porque coincidir con la realidad. La magnífica crónica de Ángeles Vázquez sobre los entresijos de la votación del martes en la Sala Tercera del Supremo indicaría que podría existir una versión alternativa: la incapacidad del susodicho para dirigir la sala pues ni atendió a un debate relevante cuando se produjo en el cauce ordinario ni supo dirigir el pleno extraordinario donde se propuso deliberar sobre una propuesta de resolución alternativa que abría una tercera vía en este conflicto. O quizá pesó en el trámite en el Supremo la necesidad de los magistrados de ser fieles a quienes les auparon a la poltrona desde el Consejo General del Poder Judicial que en última instancia quiere decir desde los partidos. O, puestos a conspirar, igual Díez-Picazo se ganó el siguiente ascenso centrando un balón para que Pedro Sánchez lo rematara con la reforma de la ley tributaria que, por cierto, se podría haber hecho hace años, como explicaba Fernández Seijo, e incluso hace semanas cuando este lío empezó.

Lo cierto es que episodios como el de las hipotecas en el Supremo parecen escritos por el guionista de la política populista. De ella salen quemados los jueces, los bancos y los políticos. O sea, el sistema. Las víctimas, empezando por los bancos, deberían entender de una vez que la mejor manera de defender el sistema es purificando su funcionamiento. Entender, por ejemplo, que sus colegas norteamericanos, holandeses o alemanes, tienen hoy mejor reputación porque aceptaron peores condiciones para su rescate. El sistema político debería aprender a dar la cara. ¿Quién publicó en 1995 el reglamento que obligaba a los clientes a pagar el tan manido impuesto? Pues un ministro socialista. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque le presionaron los bancos o porque en realidad en aquellos años el coste del impuesto formaba parte de la misma hipoteca puesto que su importe se sumaba al préstamo para la compra del piso? Una decisión política se ha enmendado con otra decisión política pero, mientras, los partidos del sistema se han querido esconder en los jueces y en los bancos para lavarse la cara y lo único que han conseguido es ensuciársela a todos. Irresponsables.