LARGO PLAZO
Indefensos contra los bancos
El futuro ente de protección de los consumidores debe tomar decisiones de carácter vinculante, ser independiente y tener un presupuesto suficiente o no servirá de nada
Diez años después del inicio de la crisis financiera, España no cuenta todavía con un organismo poderoso que defienda a los consumidores de los potenciales abusos de los bancos. Teóricamente, la responsabilidad descansa sobre el Banco de España. Pero en la práctica, la institución que se encarga de la supervisión de las entidades financieras recoge las reclamaciones, responde a menos de un tercio de ellas al año, y el dictamen que emite no es vinculante. De manera que el Banco de España puede decirle a una entidad que el cliente tiene la razón y esta entidad puede perfectamente hacer caso omiso y derivar el conflicto a los tribunales.
El sistema es perverso de origen porque no se le puede pedir al que se encarga de vigilar la solvencia de la banca que vele por los consumidores. Se trata de intereses contrapuestos. Si el Banco de España anticipa que una medida de protección a los consumidores puede dañar la solvencia de un banco, pongamos el hipotético ejemplo de la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) con retroactividad, ¿Qué va a decidir?.
En segundo lugar, el sistema no sirve de nada si los dictámenes no son de obligado cumplimiento. Y es en este punto en el que puede flojear la futura Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Economía Nadia Calviño todavía no ha decidido si se va a dotar de estos poderes al organismo y tampoco ha aclarado si lo fusionará con la CNMV para agrupar en un solo ente la defensa de los consumidores de todo tipo de productos financieros, lo que sería lo más lógico.
La futura autoridad nace con mucho retraso y con fórceps después del escándalo generado por las hipotecas. En EEUU no pasó ni un año desde que arreció la crisis hasta que se puso en marcha la Agencia de Protección del Consumidor Financiero (CFPB en sus siglas en inglés) en el 2010. Los lobis de los bancos gastaron millones de dólares en intentar frenar la ofensiva de Barack Obama, pero fracasaron. Una lección de la que debe tomar buena nota Calviño.
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