Sánchez y la justicia

Tras la sentencia de 'la Manada', la vicepresidenta Carmen Calvo anunció la voluntad de tipificar como violación toda relación sexual en la que la mujer no expresara claramente un 'sí'. Ante el ridículo del fallo del Tribunal Supremo que eximía a los bancos de asumir el impuesto de las hipotecas, Pedro Sánchez ha respondido con un decreto ley que libera al ciudadano de pagar el tributo de actos jurídicos documentados. Por segunda vez, el Gobierno socialista se sitúa junto a la indignación ciudadana ante unas medidas judiciales de muy mala digestión.

No sería justo hacer una enmienda a la totalidad de la Justicia española. Al fin y al cabo, el PP fue apeado del Gobierno después de ser sentenciado por su corrupción sistémica. Pero es evidente que en nuestros tribunales hay algunos reductos en los que prima una visión machista, genuflexa a (todos) los poderes y retrógrada.

Se acerca el juicio del 1-O. El auto del juez Llarena y la posición de la Fiscalía hacen temer una dura sentencia. ¿Tratará de nuevo el Gobierno de Sánchez de reparar el daño causado por un tribunal? El juicio no solo sentará en el banquillo a los líderes independentistas, también servirá para medir la temperatura democrática de nuestras instituciones. En manos de la Justicia española está su prestigio. La confianza de los ciudadanos quizá no resistiría otra intervención de urgencia del Ejecutivo o un nuevo rapapolvo de los tribunales europeos.