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Editorial

Y al final, la banca pagará

Sánchez demuestra buenos reflejos al cambiar la ley del impuesto de la hipoteca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa sobre la decisión del Tribunal Supremo acerca del impuesto de las hipotecas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa sobre la decisión del Tribunal Supremo acerca del impuesto de las hipotecas. / JOSÉ LUIS ROCA

Menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo (TS) causara estupor e indignación al revertir la sentencia sobre quién debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de las hipotecas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en rueda de prensa que el Ejecutivo cambiará la ley para que sean las entidades bancarias quienes asuman el pago de la tasa. Con esta exhibición de reflejos, Sánchez mitiga la oleada de indignación ciudadana y las protestas que se estaban organizando contra el TS, encabezadas por sus socios parlamentarios de Podemos, en un momento políticamente muy delicado para el tribunal, en vísperas del juicio sobre el 'procés'.

El Gobierno legislará sobre el impuesto por la vía rápida. Modificará la norma que regula tasa con un decreto ley que se validará este jueves y entrará en vigor el lunes, tras su publicación, el viernes, en el 'Boletín Oficial del Estado'. Habrá un proceso de convalidación en el Congreso (que servirá para comprobar la posición de los partidos de la oposición más allá de las declaraciones), pero ello no impide que a partir del lunes tanto bancos como clientes sepan a lo que atenerse al firmar los créditos, evitando la inseguridad jurídica.

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Por la vía del cambio de legislación, Sánchez no solo se apunta un tanto ante la opinión pública. Además, evita una tormenta de litigios, al cerrar la puerta a la retroactividad en la medida y cierra la posibilidad de que desde Europa llegue otra desautorización a las prácticas de la banca. La decisión de Sánchez también sirve para desmentir a quienes, como hizo el mismo miércoles el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, han aprovechado el ciertamente desafortunado fallo de las hipotecas para dibujar una democracia española de baja calidad. Desde la esfera política, el Gobierno ha legislado de forma adecuada para evitar un fallo discutido y discutible. En este sentido, la fórmula del decreto ley es un aviso a navegantes respecto de la posible alternativa que tiene Sánchez para dar salida a medidas incluidas en los Presupuestos que no podrá aprobar si nada cambia.

En manos de la banca queda que el impuesto no acabe repercutiendo en el consumidor. No debería ser así. El desprestigio acumulado en los años de crisis y sentencias como las de las cláusulas suelo deberían frenar tentaciones en este sentido. La libre competencia debe permitir a los clientes discernir entre qué entidades asumen el impuesto y cuáles intentan repercutirlo a los consumidores.