El ridículo del Poder Judicial

Solo queda un mes para que finalice el mandato del actual Consejo General del  Poder Judicial de hace cinco años. Su broche final va a ser uno de los mayores disparates y aberraciones en la historia judicial española. Se trata de la revisión por el propio Tribunal Supremo (cuyo presidente es del Consejo) de una sentencia dictada por este mismo alto tribunal sobre el asunto de quién ha de pagar en las hipotecas el impuesto de actos jurídicos documentados, si el cliente o el banca.

Cierto es que había sentencias diversas, por lo que el Tribunal Supremo debía pronunciarse y lo hizo a través de una de las Secciones que integran la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo). Esta resolución dio la razón al cliente del banco. Ello causó un movimiento sísmico en la banca, acostumbrada a recibir favores de los poderes públicos. De hecho en tiempos de crisis financiera, los únicos que tuvieron rescate con dinero público por sus deudas fueron los bancos y a costa del estrangulamiento de los cuidadanos de clase media y media baja.

La reacción del sector bancario fue inmediata: hacer que nada menos que todo un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial hablase con el presidente de la Sala III (que es presidente de todas las Secciones internas y que había admitido a trámite con su firma la demanda). Todo ello, para para intentar cambiar la doctrina tan contraria a los intereses de los banqueros. Lo van a decidir este lunes.

Es algo inaudito. Nunca sucedió. La intromisión del presidente Carlos Lesmes y su amigo Picazo es una fechoría por la influencia de la todopoderosa banca. Es una vergüenza social y jurídicamente rompe algo esencial que proclama la Constitución: la seguridad jurídica. Se la pasan por el forro de la exila de la toga que les cree que les hacen inmunes y sagrados, excepto otros que son justos y honestos (pero silentes).

Imagen dañada

Pretender dejar sin efecto a posteriori lo que pronuncia la sentencia (dictada por unanimidad) por el Tribunal Supremo es una barbaridad y sería un gravísmo precedente. Podría el presidente de la Sala haberla avocado al Pleno en lugar de asignarla a la Sección que lleva los asuntos tributarios y que fue la que resolvió. Pero nunca hacerlo después de ser dictada. Es un escándalo para los ciudadanos y un disparate jurídico que retorciendo tecnicismos legales destroza, como decía anteriormente, la seguridad jurídica y daña para siempre la imagen del Tribunal Supremo.

Nunca se preguntan muchos jueces endiosados con su toga sacerdotal por qué la imagen de la Administración de Justicia es tan negativa en la sociedad. La respuesta es que en buena parte son ellos mismos los que destrozan el prestigio de lo que reresentan y, a pesar de cientos de jueces honrados y trabajadores, todo queda salpicado por la vergüenza de que haya una justicia para unos, y otra diferente para otros, los débiles. Y eso lo piensa no solo la inmena mayoría de los ciudadanos sino también numerosos juristas que ejercemos y conocemos por dentro la Administración judicial.

Cómo está controlada por el poder y es sumisa. La capacidad crítica no existe entre ellos, sino que es sustituido por un corporativismo salvaje que esconde (siempre bajo la toga) una ideología muy conservadora del sistema. Además, el no tener capacidad crítica respecto determinadas acuaciones les garantiza  tener facilidades de ascensos y para eso hay que tener mucho silencio ante las injusticias.

El mandato de este Consejo del Poder Judicial concluye en un mes y la pasada semana el Congreso reformó su funcionamiento interno que había conllevado una semidemolición de un órgano para la cual Carlos Lesmes ha actuado como un “rey sol”, aplicando el anunciado por sí mismo “el palo y la zanahoria”. Ha colocado para casi todos los puestos a jueces conservadores, actuando como un rodillo y manejando a una débil oposición interna de unos pocos seudoprogres a base de caramelos en la que han entrado casi todos los consejeros a base de intereses personales que luego pagaban.

El nuevo Consejo, a partir de diciembre, comenzará con nuevas y mejores reglas internas de funcionamiento. Recibe un listón muy bajo. Pero los augurios que se anuncian evocan viejos vicios con un reparto (ellos se lo guisan, ellos se lo comen) exclusivo entre los de siempre, PSOE (en el Gobierno gracias a otros apoyos y con solo 85 diputados) y el partido de la oposición PP, lo cual sería muy negativo por falta de pluralismo.